La nueva fase sobre los ERE se salda con prisión para 7 de los 22 imputados, entre quienes se encuentra el granadino Ismael Sierra

La juez Mercedes Alaya ha decretado hoy prisión para cuatro personas acusadas en la última fase de la investigación sobre los ERE falsos, aunque dos de ellos pueden eludirla con fianza de 50.000 euros, con lo que se elevan a siete los encarcelados de los 22 imputados en varias provincias españolas.

Después de más de 24 horas encerrada en la sede de su juzgado, Alaya ha dictado a partir de las 15.30 horas auto de prisión contra los últimos cuatro acusados: Eduardo Pascual y María Vaqué, directivos de la aseguradora Vitalia con sede en Barcelona; Ismael Sierra, cuñado del mediador en los ERE Juan Lanzas -encarcelado el viernes- y Eduardo Leal del Real, administrador de dos empresas presuntamente utilizadas como pantalla para introducir en el mercado financiero las sobrecomisiones que cobraban.

Estos dos últimos podrán eludir la prisión tras el pago de una fianza de 50.000 euros, han informado a los periodistas fuentes del caso.

La mayor parte de los nuevos encarcelados se ratificaron en sus declaraciones ante la Guardia Civil y solo Eduardo Pascual hizo una amplia declaración y llegó a decirle a la juez: “Si usted piensa que esto es algo para coger dinero, dígame donde lo tengo yo. Pregunte a los sindicatos y a estos señores de Andalucía”.

Los acusados han superado las 72 horas de detención máxima prevista por la ley, por lo que algunos abogados se plantean futuras denuncias aunque reconocen que existe una jurisprudencia discrepante respecto al momento en que empieza a contar el plazo: si cuando el detenido llega a la sede del juzgado o cuando el juez le notifica el auto de prisión.

De los 22 detenidos por la Guardia Civil el miércoles, ocho pasaron a disposición judicial y la juez dejó a cuatro en libertad con cargos: María José Marcos, esposa de Antonio Albarracín, directivo de Vitalia encarcelado el viernes; José González Torrent, hijo del dueño de la aseguradora Uniter; Roser Masa, administradora de la aseguradora Fortia; y Gregorio Martínez, amigo del exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.

En cambio, decretó prisión contra Eduardo Pascual, coordinador de Vitalia; María Vaqué, directora general de dicha aseguradora; Ismael Sierra, cuñado del “conseguidor” Juan Lanzas y dueño de una empresa presuntamente utilizada para introducir las comisiones en el mercado financiero, y Eduardo Leal del Real, propietario de las empresa Atrado Mensajería y Estudios Agenciales, a las que Alaya imputa la misma función.

El abogado de Pascual se opuso a la petición de prisión incondicional que hizo la Fiscalía y explicó que su cliente, tras vender Vitalia, creó Eurobanc y en este momento se enfrenta por esa causa a una petición de ocho años de cárcel por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Pese a esa petición, su cliente sigue libre por orden del juez de la Audiencia Nacional, con la única obligación de comparecer los días 1 y 15, por o que el letrado José María Calero se ha preguntado por qué la Fiscalía defiende posiciones tan opuestas en dos tribunales.

Alaya ha imputado a los nuevos detenidos presuntos delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental, asociación ilícita, blanqueo de capitales y delito fiscal.

Estos nuevos encarcelados se unen a los que lo hicieron a lo largo de la semana: Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta; Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia, y el mediador Juan Lanzas, encarcelado el viernes.

Un cuarto encarcelado desde enero, Juan Francisco Algarín, testaferro de otras presuntas empresas pantalla, salió en libertad el jueves pasado, tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción.

Los abogados de los acusados que pueden depositar fianza han indicado que aún ignoran si podrán reunir esa cantidad.

Además de esta nueva ronda de detenidos, en el caso de los ERE falsos hay 60 imputados, entre ellos siete ex altos cargos de la Junta, mediadores, abogados e “intrusos” que nunca trabajaron en las empresas.

La nueva línea de investigación pretende averiguar los verdaderos destinatarios de las sobrecomisiones que cobraban las empresas mediadoras en los ERE, superiores en un 15 por ciento a la media del mercado.