El Fiscal mantiene su petición de cárcel para los acusados de ofrecer trabajo a cambio de 10.000 euros

La Fiscalía de Granada ha mantenido este lunes su petición de dos años y medio de prisión para el matrimonio acusado de estafar a trabajadores tras presuntamente ofrecerles un empleo estable a cambio de que suscribieran participaciones sociales de su empresa por importe equivalente a 10.000 euros.

Sin embargo, ha retirado su acusación contra un tercer imputado, Jonathan R.B., el responsable para la zona de Andalucía de la empresa Identificación de Riesgos Sociedad de Agencia de Seguros S.L. (IRSA), al entender que no ha quedado acreditada su participación en la posible estafa, que sí considera que perpetraron tanto Jesús R.A., como gerente de la misma, y su esposa, María L.B.P., como administradora.

Según el fiscal, los procesados, que han sido enjuiciados este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, “llevados de previamente por convenida y aceptada unitaria pretensión de lucrarse ilícitamente a costa del prójimo” constituyeron esta empresa de mediación de seguros, rodeándola de una “aparente solvencia comercial”, con sede formal en Ciudad Real.

Así, desde sus inicios en el año 2008 y en los meses siguientes captaron personal para la zona de Granada “bajo el señuelo de un puesto de trabajo tan estable como permanente y suficientemente remunerado”, bajo la “imprescindible condición de suscribir participaciones sociales” de la empresa por importe de 10.000 euros cada trabajador. El desembolso les era exigido, según el fiscal, mediante el otorgamiento gracias a sociedades interpuestas de préstamos bancarios cuya financiación aseguraba el salario a satisfacer.

Al llamamiento concurrieron, entre otros trabajadores, dos personas –los denunciantes–, que en el mes de noviembre y octubre de 2008 fueron formalmente despedidos antes de dar inicio a las actividades proyectadas, “sin percibir importe alguno a cambio, ni ser reintegrados de los desembolsos efectuados, resultando fallidas todas las reclamaciones formuladas por otras vías”.

La acusación particular, que ejerce la representación de dos de los presuntamente estafados, sostiene por su parte que los tres procesados, en tanto cargos de dirección de la empresa, “simularon la contratación de personal” que en la totalidad de los casos se trataba de parados con necesidades “urgentes” de conseguir un empleo, haciendo una oferta cuyo “único criterio” era el de “comprobar” quiénes estaban dispuestos a adquirir la participación social de 10.000 euros, para cuyo pago debían solicitar un crédito “previamente concertado” con una entidad financiera, a la que además debían abonar otros 1.000 euros en concepto de intermediación.

Además, la empresa “prometía a los trabajadores que, además de su salario, percibirían unas retribuciones mensuales que cubrirían la amortización del préstamos”, aunque finalmente, uno o dos meses después, recibieron una carta de despido justificado en los malos resultados económico empresariales.

Por ello, la representación legal de los denunciantes ha solicitado para los tres acusados una condena de cuatro años y medio de prisión y multas de 3.600 euros por los delitos de estafa, contra el derecho de los trabajadores y falsedad documental para cada uno de ellos. Asimismo, pide una indemnización de 12.828 euros para una de las empleadas presuntamente estafadas y de 13.514 para el otro, siendo responsable civil subsidiario la empresa de seguros.

Por su parte, las defensas de los tres acusados han instado al tribunal de la Sección Primera la libre absolución de sus clientes. El abogado del principal acusado, Jesús R.A., ha negado que se estafara o engañara a los trabajadores puesto que cuando firmaron sus contratos, por una duración no determinada, sabían los “riesgos” que asumían y ha argumentado que la empresa tenía como aval sus diez años de trayectoria en el campo de los seguros y reconocida “solvencia”, aunque su situación empeoró a consecuencia de la crisis económica.

El representante de su esposa, la también encausada María L.B.P., ha sostenido que ella no tenía ningún conocimiento de lo que sucedía en la empresa y que su cargo como administradora sólo se debió a que así la inscribió su esposo. La defensa del tercer inculpado ha indicado que éste fue un trabajador más que simplemente fue “instruido y engañado por su jefe”, Jesús R.A.

En su derecho a la última palabra, Jesús R.A. ha mantenido que el “problema” de la empresa fue simplemente “económico” y que, “a la hora de la verdad”, no se pudieron mantener los empleos. Además, ha negado haberse enriquecido a costa de engañar a sus empleados y ha asegurado que su mujer “no tiene nada que ver” en lo relacionado con la compañía. El juicio ha quedado entonces visto para sentencia.