La Junta y el Ayuntamiento firman un convenio para favorecer la reinserción de menores infractores

La delegada del Gobierno, María José Sánchez Rubio, y el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, han firmado hoy un convenio de colaboración con el objetivo de favorecer la reeducación y la reinserción de menores infractores a través del desarrollo de las medidas en beneficio de la comunidad adoptadas por los juzgados.

Según el acuerdo, el consistorio elaborará un catálogo de posibles actividades a realizar en locales municipales y la Junta trasladará a los juzgados las posibles medidas a desarrollar por los menores. Ambas instituciones harán el seguimiento directo de las medidas, que van desde la limpieza de grafitis hasta la colaboración en centros de salud, pasando por la recogida del botellón o el acompañamiento a personas mayores.

Las medidas judiciales tienen como finalidad educativa el reconocimiento del daño causado, de manera que el menor asuma su responsabilidad y pueda resarcir, de alguna forma, a la sociedad. La delegada del Gobierno ha asegurado que los recursos desarrollados y coordinados por la Junta, cada vez más orientados a la intervención individual y a la especialización de los profesionales, hacen posible que actualmente más de un 80% de estos jóvenes logren reinsertarse con normalidad y no reincidan.

Sanchez Rubio ha resaltado la importancia de la implicación de los ayuntamientos para impulsar la ejecución de estas prestaciones de los menores infractores en beneficio de los municipios donde residen y la realización de actividades reparadoras a favor de su población.

En concreto, la Consejería de Justicia e Interior ha renovado convenios con 25 municipios granadinos que ya colaboran en la ejecución de estas medidas y otras 40 localidades se han sumado ya esta iniciativa para la reeducación de menores. En total, son 65 los ayuntamientos granadinos que colaboran con la Junta en la reinserción y reeducación de los menores.

Sánchez Rubio recordó también que el Consejo de Gobierno acordó ayer destinar 22,26 millones de euros hasta 2017 al nuevo modelo integral para la ejecución de las medidas judiciales en medio abierto que los juzgados imponen a los menores infractores.

El Consejo de Gobierno ha autorizado las contrataciones provinciales de este servicio, que hasta ahora prestaban de forma no unificada diversas entidades privadas sin ánimo de lucro. Se reforzará así su enfoque integral para mejorar la labor de reinserción que desempeña, además de favorecer un ahorro que la Consejería de Justicia e Interior prevé en unos 5,9 millones de euros durante los próximos cuatro años.

De acuerdo con la autorización aprobada, el nuevo servicio estará formado por un grupo de profesionales titulados en Derecho, Psicología y Trabajo Social, que se ocupará de facilitar a los menores el desarrollo de las medidas en medio abierto. Entre otras, destacan las prestaciones en beneficio de la comunidad y la realización de tareas socioeducativas, así como las relativas a libertad vigilada, permanencia en fin de semana y tratamiento ambulatorio, si bien no se incluyen las de asistencia a centro de día y convivencia en grupo educativo.

La unificación en el ámbito provincial evitará intervenciones parceladas y garantizará la continuidad e inmediatez en la actuación de los profesionales, así como un tratamiento más personalizado, una atención más especializada y una mayor precisión el objetivo esencial de favorecer la integración social. El modelo, que también incrementará la agilidad, eficacia, calidad y optimización de recursos, sustituirá al de ‘equipos de medio abierto’ que se ha venido desarrollando desde la entrada en vigor hace doce años de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5 /2000.