La Diputación refuerza su colaboración con el sistema judicial contra las adicciones a las drogas

Representantes del Servicio Provincial de Drogodependencias y el sistema judicial han mantenido este viernes un encuentro de coordinación en la Diputación Provincial de Granada con objeto de reforzar sus trabajos conjuntos en el ámbito de las adicciones y la lucha contra las drogodependencias en la provincia.

En este servicio dependiente de la delegación de Familia y Bienestar Social, se atiende a personas con problemas de adicción en los que con cierta frecuencia coexiste algún tipo de causa judicial, según informa la Diputación en un comunicado.

El vicepresidente segundo del área de Medio Ambiente, Economía y Familia y Bienestar Social, José Robles, y la diputada delegada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, han asistido a esta reunión junto con el director del Servicio Provincial de Drogodependencias, Manuel Ruiz Martínez, el juez decano, Francisco Sánchez, y representantes de la Fiscalía y el Colegio de Abogados de Granada.

La diputada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, ha resaltado la importancia que tiene “mejorar la coordinación con el sistema judicial” par avanzar en la “atención, coordinación y atención al usuario con problemas de drogodependencias” instaurando canales de comunicación ágiles y sistemas de respuesta fluidos para la solución de las cuestiones cotidianas.

Marta Nievas ha recordado el “esfuerzo” que está haciendo la Diputación Provincial para “seguir impulsado el Servicio de Drogodependencias en toda la provincia a pesar de que la Junta de Andalucía ha disminuido el presupuesto en un 10 por ciento” pues, según la diputada, “entendemos que estos recortes del Gobierno andaluz no los deben pagar las personas que están afectadas por graves dependencias tanto al alcohol como a cualquier tipo de sustancia estupefaciente”.

En este sentido, Nievas, ha hecho hincapié en el trabajo que se lleva adelante en el antiguo hospital de San Juan de Dios en Granada y también en los centros de Almuñécar, Baza, Guadix y Loja “con chavales que cada vez más jóvenes empiezan a tener problemas de drogodependencias”.

En la reunión de hoy se ha puesto de manifiesto la necesidad de crear espacios de coordinación entre las distintas administraciones ante el elevado número de situaciones que requieren de la intervención de uno o varios recursos e instituciones con competencias en la atención a las adicciones y sus repercusiones en el ámbito judicial y penitenciario.

En este encuentro de trabajo se han abordado puntos como la importancia de los informes judiciales para el Servicio Provincial de Drogodependencias, el papel que juegan las terapias en los encausados y la duración de los tratamientos por parte de los especialistas, así como asuntos más concretos como pueden ser la organización de los controles toxicológicos.

En muchos casos, se solicita al Servicio Provincial de Drogodependencias intervenciones por imperativo legal que implican tratamientos obligatorios para usuarios que acuden por indicación judicial y que, pese a no reconocer abuso y/o adicción respecto de determinadas sustancias toxicológicas, deben acreditar un resultado ante el órgano jurisdiccional competente.

En estos casos, no se trata de hacer exclusivamente controles toxicológicos para demostrar la abstinencia sino también de establecer otras intervenciones para valorar los avances en la recuperación de hábitos de vida más normalizados que favorezcan su incorporación sociolaboral.

Entre estas personas puede haber liberados condicionales, penados que se encuentran en tercer grado penitenciario y menores institucionalizados en los que es destacable estudiar, como se ha puesto de manifiesto en el encuentro de hoy, la repercusión de los informes judiciales y su relación con las terapias que siguen los usuarios, así como las consecuencias que en su situación penal puede tener una mala evolución de sus tratamientos.