El PSOE ha denunciado hoy que la nueva Ley del Mercado del Alquiler promovida por el PP deja en el aire miles de promociones públicas y privadas de viviendas de alquiler social en la provincia de Granada al suprimir, con carácter retroactivo, las ayudas que reciben los promotores y al anular cualquier tipo de subsidiación a los préstamos. Se trata de una de las iniciativas de la denominada Ley de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler, que se tramita en el Senado y que podría quedar aprobada a principios de mayo, “favorece a los propietarios y a los lobbies y va en contra de la inmensa mayoría de los ciudadanos”, ha señalado en rueda de prensa el senador socialista Juan Manuel Fernández.
En este sentido, ha desgranado una serie de medidas incluidas por el PP en esta legislación como la desaparición de las ayudas directas a la entrada de vivienda, la reducción de las subvenciones a los inquilinos y la supresión de la renta básica de emancipación, una iniciativa que el Partido Popular primero paralizó, luego redujo su cuantía y finalmente propone su eliminación. Fernández ha precisado que en 2011, la provincia recibió por este concepto 6.433.757 euros que benefició a 3.649 personas. En 2012, con el PP en el Gobierno, las ayudas cayeron hasta los 4,5 millones de euros con 2.571 beneficiarios, tanto inquilinos como propietarios, que probablemente verán cómo sus arrendatarios dejarán los alquileres al desaparecer la renta básica. “El PP está destrozando el mercado del alquiler no favoreciendo el interés ni de los propietarios ni de los jóvenes inquilinos”, ha criticado.
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Por su parte, la concejal socialista Raquel Ruz se ha referido a la negativa del PP de ampliar la moratoria para actualizar la renta de los locales de renta antigua, una medida que puede abocar al cierre a unos 900 establecimientos mercantiles en Granada y a 600.000 comercios en España, según datos de la fundación Comercio Urbano. La finalización de la moratoria está recogida en la disposición transitoria tercera de la Ley de Arrendamiento Urbano de 1994 y finalizara el próximo 31 diciembre de 2014.
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Según Ruz, el grupo municipal socialista presentó una moción para instar al Gobierno a una prórroga de esta moratoria en cinco años, iniciativa que fue rechazada por el PP. El grupo parlamentario socialista ha presentado incluso una enmienda a la nueva Ley de Arrendamiento Urbano en este sentido, una enmienda que no ha sido aceptada en la ponencia por el PP en una postura que no podemos entender.