El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Patricio Cárceles, y el director de la ONCE en Granada, Alberto Morillas, han mantenido una reunión con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, María José Sánchez, en la que le han trasladado su preocupación por el impacto del juego ilegal en la provincia y le han pedido que “siga intensificando” su estrategia de lucha contra las redes que operan en ese ámbito.
En la reunión, celebrada en la Delegación del Gobierno, Sánchez Rubio, ha ofrecido su colaboración y compromiso para erradicar el juego ilegal dentro de las competencias de juegos públicos que tiene adquiridas la Junta de Andalucía y con la Unidad de la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, cuyo inspector jefe en la provincia, Francisco Barrios, también ha asistido al encuentro. María José Sánchez, ha elogiado la importante labor social, de empleo y de integración que desarrolla la ONCE.
La ONCE cuenta en la provincia de Granada con 1.547 afiliados de las más de 15.000 personas ciegas y deficientes visuales que hay en la Comunidad Autónoma, y da empleo a 2.113 personas de los 23.932 trabajadores que cuenta en Andalucía. En el último año creó 46 puestos de trabajo en Granada y la inversión social que realizó en la provincia alcanzó los 16,19 millones de euros. En premios, la ONCE repartió en Granada casi más de 20,2 millones millones de euros de los 256 repartidos en Andalucía.
En su encuentro con Sánchez, Patricio Cárceles le ha trasladado los datos de la Organización en la provincia y le ha entregado el informe sobre el juego ilegal en Granada. Sánchez y Cárceles acordaron sistematizar un protocolo de trabajo común entre ambas instituciones, con intercambio de información de forma periódica, que garantice la máxima coordinación en materia de juego. El delegado de la ONCE también planteó la necesidad de crear un Observatorio y una comisión de seguimiento de lucha contra el juego ilegal en la provincia.
Cárceles trasladó a Sánchez su “máxima preocupación” por la actividad ilegal que desarollan en Granada las organizaciones que comercializan cupones sin las correspondientes autorizaciones administrativas, un hecho que constituye un ilícito penal previsto y castigado por la ley de Represión del Contrabando.
El informe entregado por la ONCE al delegado de la Junta de Andalucía en Granada denuncia que Andalucía concentra más del 47% de la actividad económica que genera el juego ilegal en España, que suma más de 83 millones de euros.
Explotación laboral
Para Patricio Cárceles este tipo de operadores son “explotadores de los trabajadores”, con especial incidencia en los colectivos más desfavorecidos, “son un fraude para todos porque generan dinero negro que no tributa ni cotiza a la Seguridad Social, se aprovechan de la reputación y del crédito social de la ONCE utilizando indebidamente su sorteo y se aprovechan sin escrúpulos de la imagen de las personas con discapacidad en España, especialmente, en Andalucía”. Por eso, le pidió “incrementar la contundencia” a la hora de atajar “un problema económico y social de envergadura, máxime en tiempos de crisis y de dificultades como los que atravesamos.
La ONCE pide a la administración autonómica que refuerce la apertura de los expedientes administrativos y judiciales que sean necesarios en contra de las asociaciones que ejercen el juego ilegal dado que carecen de la debida autorización administrativa y contra las personas que ejercen la venta de productos ilegales. Y que se cierren los centros de producción de boletos ilegales y se corten los canales de distribución utilizados por estos operadores ilegales.
Patricio Cárceles, que calificó el encuentro de “máxima cordialidad y total entendimiento”, agradeció al delegado de la Junta su “predisposición y sensibilidad” en el ámbito de la lucha contra el juego ilegal.