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El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura Anllo, ha denunciado que las nuevas condiciones del contrato para el servicio de transporte urbano en la ciudad de Granada entre Rober y el Ayuntamiento “son desequilibradas, están plagadas de recortes en transporte público y precarizarán las condiciones laborales de los trabajadores y la calidad del servicio”.
De este modo el edil de la formación de izquierdas denuncia que el acuerdo al que han llegado tanto la empresa concesionaria como el gobierno municipal, por el cual el coste del servicio se reducirá en un 15% pasando de 31.117.000 euros a 26.766.000 euros “implican que sean los ciudadanos quienes lo paguen con más recortes, con tarifas más caras y menos subvención además de menos servicio en transporte público y los trabajadores también lo pagarán con reducciones salariales muy drásticas precarizando sus condiciones salariales”.
Puentedura señala que “el esfuerzo que se pide a la ciudadanía y a los trabajadores es muy superior al que asume la empresa en su margen de beneficios, pues aunque su beneficio industrial pase de 12´5% a un 8´25% aún se le garantiza un beneficio mínimo de 2.100.000 euros cada año desde el 2014 hasta el 2022, año en que finaliza la concesión del transporte público”. Estos datos contrastan “con el esfuerzo que se le pide a la ciudadanía que tendrá que ver como se reducen los kilómetros de transporte público en la ciudad en más de un 20% y el que tendrán que hacer los trabajadores, a quienes se les exige una bajada salarial del 7% y congelación hasta el 2017, lo que les supondrá una pérdida de poder adquisitivo por encima del 10% para los próximos años que se traducirá en una bajada salarial de 1.500 euros al año por trabajador”. “Este acuerdo no es justo cuando los esfuerzos sólo se le piden a los vecinos de Granada y a los trabajadores y todo ello a costa de empeorar el servicio mientras la empresa privada mantiene sus márgenes millonarios de beneficios aún en plena época de crisis económica, algo a lo que no puede aspirar cualquier empresa de la ciudad” asegura el portavoz municipal de Izquierda Unida.
Además el concejal de organización de izquierdas indica “que lo que a la empresa parece que se le quita por otro lado se le da” de este modo Puentedura denuncia que con las nuevas condiciones económicas del contrato la empresa ya no está obligada a hacer fondos de reserva para destinarlos a inversiones y mejoras del transporte público en la ciudad. En primer lugar Puentedura afirma que se elimina el fondo previsto en el artículo 7 del anterior contrato programa, que suponía unos 400.000 euros anuales, y que debía destinarse a inversiones que fomenten el transporte público en la ciudad “esta cantidad se destina por una partida de sólo 20.000 euros destinada a campañas publicitarias”. Otro de los fondos que desaparece es el de los ingresos por publicidad en autobuses “que suponían más de 300.000 euros destinados a pagar la línea de atención al cliente, algo básico para informar adecuadamente a los usuarios y que estos puedan ejercer un control en un servicio público que es básico” indica el edil de IU. El último fondo que también desaparece es el de reversión “un fondo dotado de otros 400.000 euros que se prevé por si fuese necesario un rescate total o parcial del servicio y para la amortización de vehículos, e infraestructuras de la empresa una vez que finalice la vida del contrato”. El portavoz municipal de Izquierda Unida indica que esta cantidad que supera el millón de euros que estaba destinada a reservas obligatorias “ahora irán a cubrir gastos generales y a engrosar la cuanta de resultados de la empresa, con lo cual el esfuerzo que la empresa hace sobre su margen de beneficios es mínimo”.
En el mismo sentido Puentedura critica que la nuevas condiciones económicas del contrato “no entren en el núcleo duro de lo que genera un coste ineficiente en el transporte público de la ciudad y es que la subvención al transporte público que el Ayuntamiento da sea por viajeros y no por kilómetros”. De este modo Puentedura señala “que si el Ayuntamiento pagase por viajero la empresa se preocuparía por mantener unas líneas eficientes y de calidad pues a más usuarios más ingresos tendría” sin embargo se mantiene unas condiciones económicas “draconianas para la ciudad, donde se paga por kilómetros que hacen los vehículos aunque estos vayan vacíos”, al final “quien paga es la ciudadanía con más recortes, el Ayuntamiento con más deuda y los trabajadores con menos salario mientras que el alcalde y el equipo de gobierno sólo se preocupan por meter tijera sin que esto afecte a los intereses privados de la empresa” denuncia Puentedura.