El PSOE alerta de que Granada perderá 60 millones si se aplica la ‘tasa plana’ de ayudas directas en la nueva PAC

El PSOE de Granada ha alertado de que la aplicación de la ‘tasa plana’ de ayudas directas en la nueva PAC supondría unas pérdidas de 60 millones de euros para los agricultores de la provincia. Así lo han afirmado en rueda de prensa los parlamentarios andaluces Miguel Castellano y Javier Aragón, quienes han explicado la posición de los socialistas granadinos en torno a la reforma de la Política Agrícola Común y los graves efectos que tendría en la provincia.

Miguel Castellano ha subrayado que la ‘tasa plana’, es decir, una misma para todos los sistemas agrarios independientemente de su actividad, conllevaría “recortes letales en determinados sectores y comarcas”. Así, ha indicado que, en el caso del olivar, podría suponer unas pérdidas de las ayudas directas de más del 50 por ciento. En concreto, el diputado socialista ha precisado que las ayudas europeas al olivar, que ahora recibe hasta 600 euros por hectárea, sufrirían un drástico recorte hasta alcanzar los 270 euros por hectárea.

El representante socialista ha incidido en la importancia del sector agrícola en la economía provincial y ha destacado que en 2012 hubo 55.406 beneficiarios de las ayudas directas de la PAC. Según Castellano, Granada recibió el pasado año 165 millones de ayudas directas y otros 35 para políticas de desarrollo rural que se invirtieron a través de los ocho grupos de Desarrollo Rural de la provincia.

Además, el parlamentario socialista ha recordado que el pasado 26 de marzo, la Comisión Europea aprobó una disminución del 5 por ciento adicional en los fondos para el 2013 y el 2014 coincidiendo con la transición para poner en marcha el nuevo periodo marco de financiación 2014-2020.

Se trata del denominado mecanismo de disciplina financiera, que supondrá una rebaja lineal del 5 por ciento para los agricultores que superen los 5.000 euros en subvenciones, lo que afectará a 70.000 agricultores andaluces, con la pérdida de 48 millones de euros. En Granada, serán 10.000 los afectados y se perderán entre 8 y 10 millones para los agricultores granadinos por ese recorte transitorio de un 5 por ciento.

El parlamentario socialista ha recordado que el Parlamento andaluz debatió ayer y aprobó una proposición no de ley en la que se rechaza la la bajada del presupuesto de la UE, que en el global es del 4 por ciento y en la PAC es de un 13 por ciento. “Una mala cifra, pero de la que tanto Rajoy como Cañeta han expresado su satisfacción”, ha lamentado.

Por su parte, Javier Aragón ha recalcado la trascendencia en Andalucía y Granada de la política agraria comunitaria que, según ha señalado, supone “una garantía de progreso para este territorio, genera empleo y mantiene vivo el mundo rural” como evidencian, según ha detallado, los 2.000 millones de euros que recibe la comunidad y las casi 300.000 familias que se benefician de ella.

Por ello, según ha indicado, resulta fundamental que se mantenga el actual presupuesto comunitario, que se siga contando con un mínimo de actividad productiva, que se eviten los desequilibrios territoriales y el trasvase de rentas y que se haga una distribución más justa de los márgenes entre el agricultor y las grandes empresas.

Ha asegurado además que la negociación debe de servir también para abordar asuntos “fundamentales” del mundo agrario local como son la eliminación de los obstáculos burocráticos y administrativos y diferenciar en este sentido a la pequeña, de la gran industria; tratar un tope máximo en las ayudas; y un pago verde “flexible”, ya que los últimos en percibir las ayudas acaban siendo los ganaderos.

Aragón ha apostado además por fomentar la regeneración en el sector y la incorporación de los jóvenes, mediante incentivos que lo hagan más atractivo.

“Queremos una política agraria útil y a un agricultor activo”, ha sentenciado el representante socialista, que ha concluido reclamando que se blinde el presupuesto comunitario actual, que se incorporen criterios mixtos –administrativos y agronómicos– en las subvenciones y ayudas, y que se limite la convergencia.