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El exalcalde de Deifontes dice el tribunal que no hizo nada para evitar los ruidos por falta de medios
El exalcalde de Deifontes Manuel Espínola, que se enfrenta a una petición fiscal de dos años de cárcel por dos delitos de lesiones, ha declarado hoy que no hizo nada para evitar la contaminación acústica provocada por un local por falta de medios, por lo que delegó las competencias a la Junta.
La Audiencia de Granada juzga desde hoy a José Antonio R.R., el dueño de un establecimiento acusado de un delito contra la calidad de vida de las personas, y al exregidor del municipio por un delito contra el medio ambiente, lo que provocó presuntamente además dos delitos de lesiones a los afectados.
Los hechos se iniciaron en el 2008 por la denuncia de un matrimonio que padeció el ruido del local sobre el que vivía, con licencia para cafetería sin música ni cocina, pero que desde el primer momento funcionó como pub y acogió fiestas con música.
El dueño del establecimiento ha recalcado que sólo ponía música en Navidad, las fiestas del pueblo y “cosas así” y ha apuntado que nunca recibió quejas de ningún vecino.
Desde el 2009, los dos denunciantes presentaron “continuas y reiteradas” denuncias ante el Ayuntamiento, sin que el exalcalde llevara a cabo ninguna acción “actuando con total pasividad”, ha resumido la Fiscalía.
El exalcalde ha recordado que conoció una queja de los denunciantes en julio del 2009, pero que se debía a la instalación durante las fiestas de unos toldos para el sol y un equipo de música en la puerta de la vivienda, ante lo que se personó en el local y exigió al propietario que lo retirara.
“Esas competencias se habían delegado a la Junta de Andalucía por falta de medios, algo que le dije a los denunciantes. No se hacían mediciones de ruido porque no teníamos aparatos para hacerlas”, ha apuntado el entonces alcalde.
Ha detallado también que el personal del Ayuntamiento se reducía a dos administrativos, el secretario y entre uno y tres policías locales, por lo que no podían afrontar este tipo de tareas.
La pareja denunciante ha recalcado que nadie les amparó en sus quejas y denuncias por escrito hasta que recurrieron a Medio Ambiente, por lo que agentes del Seprona de la Guardia Civil se personaron en una actuación subsidiaria y detectaron que el local “excedía en mucho los límites permitidos”.
Los denunciantes sufrieron cefalea tensional, trastorno adaptativo mixto, cuadros de ansiedad y trastorno neurótico, entre otras dolencias, por lo que abandonaron la vivienda.
La Fiscalía solicita, en sus conclusiones provisionales, para el dueño del local cuatro años y medio de cárcel por un delito contra la calidad de vida de las personas, otros dos años de prisión por dos delitos de lesiones y una multa de 9.000 euros.
Para el exalcalde, el Ministerio Público pide una pena de dos años de cárcel por los dos delitos de lesiones, una multa de 2.100 euros por un delito contra el medio ambiente y su inhabilitación para cargo público durante cinco años.
El juicio continuará mañana con la declaración de testigos y peritos propuestos por las defensas.
