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La Fiscalía retira la petición de cárcel para el exalcalde de Deifontes juzgado por no evitar ruidos en un pub
La Fiscalía de Granada ha retirado hoy la petición de cárcel para el exalcalde de Deifontes, para el que inicialmente solicitó dos años de prisión por las lesiones que el exceso de ruido de un local provocó a una pareja, al considerar que no tenía medios para hacer más de lo que hizo.
El Ministerio Público ha argumentado la retirada de los cargos contra el exalcalde de Deifontes, Manuel E.S., en el momento de los hechos, al considerar que no puede apreciarse una imprudencia grave que justifique una pena de prisión.
El exalcalde estaba acusado de un delito contra el Medio Ambiente en concurso con otros dos delitos de lesiones por las molestias ocasionadas a la pareja denunciante por un establecimiento con exceso de ruidos.
La Fiscalía ha considerado probado que el Ayuntamiento carecía de los medios suficientes para afrontar el conflicto, un tema que abordó de manera general en un pleno municipal, y que avisó a uno de los denunciantes de que el municipio había delegado estas competencias a la Junta de Andalucía.
El Ministerio Público sí ha mantenido la petición de seis años y medio de cárcel para el responsable del local, José Antonio R.R., acusado de un delito contra la calidad de vida de las personas y dos delitos de lesiones a los afectados.
La Fiscalía ha recalcado que la cartelería demuestra que el local organizaba fiestas más allá de fechas señaladas y ha incluido el agravante de clandestinidad, ya que el establecimiento funcionaba como pub con una licencia de cafetería sin cocina ni música.
Los hechos se remontan al 2008 tras la denuncia de un matrimonio que padeció el ruido del local sobre el que vivía, lo que les provocó cefalea tensional, trastorno adaptativo mixto, cuadros de ansiedad y trastorno neurótico, entre otras dolencias.
Durante la sesión del juicio celebrada hoy, cinco vecinos del pub han testificado que no sufrían molestia alguna por el ruido, que las fiestas se celebraban en fechas señaladas y hasta han recordado el momento exacto en el que agentes del Seprona se personaron para medir el nivel de contaminación acústica.
El tribunal ha reprendido al abogado del responsable del bar por “aleccionar” a sus testigos, algunos de los cuales no vivían en la dirección indicada, un dato que el presidente de la sala ha anunciado que investigará.
La acusación particular también ha modificado su petición inicial, y ha solicitado 600 euros de multa para el exalcalde por el delito contra el Medio Ambiente, 27 meses de prisión para el dueño del bar, 1.800 euros de multa por las lesiones a los denunciantes y una indemnización de 10.000 euros para cada uno de los afectados por el ruido.
Las defensas han mantenido por su parte la petición de libre absolución y el juicio ha quedado visto para sentencia.
