El Parlamento Europeo rectifica y comunica al padre de una posible niña robada que estudiará su caso

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido finalmente estudiar la petición del padre de una supuesta niña robada al nacer en el Hospital Clínico de Granada, Eduardo Raya, que es además presidente de la Asociación de Afectados por la Desaparición de Niños en Democracia (ADN-D), contra la actuación de la justicia española en este asunto.

Así, aunque en primera instancia decidió archivar su queja, la carta y un fax que Raya remitió con posterioridad a la primera contestación de la Comisión, ha llevado a este organismo a comunicarle en segunda instancia que en la reunión que mantuvo el pasado 20 de marzo.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, la presidenta de la Comisión, Erminia Mazzoni, traslada a Raya que solicitará a la Comisión Europea “información adicional” sobre “los diferentes aspectos del problema”, y le informa de que en cuanto disponga de esos datos proseguirá con el “examen” de su petición.

Eduardo Raya, letrado de profesión, contestó al archivo de la petición de la Comisión con una carta el pasado 4 de febrero en la que le reprochaba a su presidenta su “nulo interés” en investigar lo que enmarca en “delitos de lesa humanidad”.

Anteriormente, el Parlamento Europeo le había comunicado que no podía valorar su caso porque “no es una autoridad judicial” y que no podía “emitir juicios ni revocar decisiones adoptadas por las autoridades judiciales y administrativas de los Estados miembros”.

Su hija nació el 6 de junio de 1990, después de que uno de los doctores del Clínico le practicara una cesárea urgente por supuesto sufrimiento fetal, el mismo facultativo que, según el padre, “casualmente” fue condenado tres años más tarde por la Audiencia Provincial de Granada por una adopción irregular.

Tres días más tarde, el Hospital comunicó a los padres que la hija había fallecido, y sus supuestos restos fueron enterrados. Sin embargo, años más tarde, los padres decidieron trasladarlos para enterrarlos junto a su abuelo paterno, pero antes les hicieron pruebas de ADN en dos laboratorios (Tecnogen y Genómica) que dictaminaron que aquellos restos no pertenecían a su hija.

EL PRIMER CASO DENUNCIADO EN ESPAÑA

Así, Raya denunció los hechos ante la Fiscalía –el primero denunciado en España– el 23 de marzo de 2010, y el caso fue llevado al Juzgado por el Ministerio Público, que era la primera vez que en Granada trasladaba un posible robo de niños ante el juez. Entonces, aparecieron “milagrosamente” y después de 20 años unos restos conservados en parafina de un hígado que el Hospital “se saca de la manga” y que el Instituto Nacional de Toxicología, dependiente del Ministerio de Justicia, certifica que corresponden a la hija. Toxicología ya había analizado previamente los restos exhumados por la familia, aunque no encontró en ellos ningún tipo de ADN, y ya dijo que no serían idóneos para su análisis más de 40 días antes de recibirlos.

Entonces, la magistrada del Juzgado de Instrucción 2 decidió archivar el caso en primera instancia, y el padre decidió de nuevo enviar los restos de hígado aportados por el Hospital a un especialista del Clínico de Barcelona, que determinó que no se trataba de un hígado fetal o de un recién nacido de pocos días.

Ello, según Raya, venía a evidenciar que la investigación se había archivado en base a “una prueba falsa” y la juez decidió reanudar la instrucción, y envió los mismos restos parafinados a Toxicología de Sevilla, que no aclaró, pese a que así se le solicitó por parte del Juzgado, si correspondían a un recién nacido, y simplemente señaló que pertenecían a un niño con un síndrome de hepatitis neonatal. Fue entonces cuando la magistrada, de nuevo, dicta el auto de sobreseimiento libre, es decir, el archivo definitivo.