Caso Otura: Desvelamos cómo se cobraron y se justificaron las facturas supuestamente falsas o irregulares por 175.000 euros

Los concejales del equipo de gobierno del PP del Ayuntamiento de Otura y el actual alcalde, Pedro Cabanillas, comienzan hoy a declarar como testigos y denunciantes en el Juzgado de Santa Fe que investiga el supuesto pago de facturas falsas o manipuladas por obras no realizadas por importe de 175.000 euros.

A partir del próximo martes declararán el exalcalde del PP y aún concejal, Ignacio Fernández, y el exedil de Urbanismo, Ignacio Pérez. Al día de hoy estos dos imputados siguen siendo concejales del Ayuntamiento por el PP aunque no forman parte del gobierno local. Éste último, por cierto, ha presentado su dimisión aunque aún no ha pasado por pleno.

El juzgado les acusa de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos; prevaricación; cohecho y falsedad documental con fines de defraudación, por la tramitación de facturas irregulares o falsas que superan los 175.000 euros, según los datos del sumario conocidos por Radio Granada.

También están imputados en el caso tres empresarios que cobraron facturas supuestamente falsas o manipuladas y una extrabajadora que casualmente era novia del concejal.

En el sumario se describe una supuesta trama de intereses personales y económicos en cuyo centro se encontraba el entonces concejal de Urbanismo, Ignacio Pérez; su novia, Montserrat Moraleda, entonces empleada municipal responsable del Registro Municipal; y varios empresarios también imputados. Uno de ellos, Agustín Porras, fue candidato por el PP en las pasadas elecciones. Como Ignacio Pérez ha presentado su dimisión, curiosamente es a Porras al que le tocaría por turno de lista ocupar el acta de concejal.

En el sumario se acredita, según las averiguaciones de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que el exconcejal de Obras aprovechó que su novia trabajaba en el Registro Municipal para camuflar facturas en expedientes que contenían otros documentos que no se correspondían. De hecho, cuando la Guardia Civil realizó un registro en el Ayuntamiento, comprobó que las facturas en cuestión no eran tales sino documentos del padrón de habitantes de diferentes vecinos.

Pero hay más. En el sumario figuran como prueba de la falsedad de algunas facturas fotografías en las que se ve a empleados del Ayuntamiento realizando trabajos de pintura. Sin embargo, algunas de las facturas investigadas se pagaron con cargo a estos trabajos de pintura que, lógicamente, no fueron ejecutados por la empresa que los cobró.

El informe de la Guardia Civil constata que las facturas denunciadas fueron manipuladas y su pago con cargo al Plan de Proveedores del Gobierno central se realizó de forma fraudulenta.

Aprovechando la relación sentimental entre el concejal de Obras y la entonces responsable del Registro, a esas facturas se les asignaron números de archivo totalmente ficticios.