IU pide al Gobierno local que cumpla la sentencia del TSJA que anula el presupuesto de 2012 y obliga a pagar la productividad a los funcionarios

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular “que cumpla con la sentencia  del TSJA que anula el presupuesto municipal de 2012 y pague la productividad a los más de 2.000 empleados públicos con los que cuenta el Ayuntamiento de Granada”. Según explica el portavoz municipal esta sentencia es firme “y obliga al Ayuntamiento a tener que pagar la productividad que ilegalmente eliminó en 2012, lo que supondrá un coste de cerca de dos millones de euros” y señala “que el recurso que ha anunciado el gobierno municipal del PP respecto a la sentencia, es una vía sin salida, pues el propio fallo indica que la misma es firme y que no cabe recurso de casación”.

De este modo Puentedura exige al alcalde de Granada y a su gobierno municipal “que no dilaten más el proceso y que negocien con los representantes de los trabajadores para cumplir la sentencia que ordena claramente que el Ayuntamiento prevea en el presupuesto cuantía suficientes para hacer efectivo el pago de una productividad que se les quitó injusta e ilegalmente a los trabajadores del Ayuntamiento de Granada”. Para Izquierda Unida esta negociación es imprescindible “para que los empleados municipales puedan recuperar su retribución salarial y esto se pueda hacer sin que se ponga en peligro los servicios municipales básicos, pues se tienen que preveer casi dos millones de gastos no contemplados en el presupuesto” asegura Puentedura quien indica “que si la actitud del equipo de gobierno del PP es mirar para otro lado y presentar recursos que no tienen viabilidad ninguna lo único que conseguirá es ahondar la brecha entre trabajadores municipales y el Ayuntamiento algo que pagarán todos los granadinos y granadinas”.

El concejal de Izquierda Unida recuerda que la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) “ha dictado sentencia por la que anula el presupuesto municipal de 2012 y obliga al Ayuntamiento de Granada a tener que pagar las productividades a los empleados municipales que eliminó ese año”. Además Puentedura asegura que con esta “son 35 las sentencias que en los dos últimos años acumula el equipo de gobierno en materia de personal, lo que ha costado a la ciudad de Granada, entre indemnizaciones, costas y procesos judiciales, más de 3´5 millones de euros”, entre ellos un millón de euros a indemnizaciones por los despidos ilegales del IMFE, a los que hay que sumarle los casi dos millones de esta productividad que hay que ejecutar. Es por ello que el portavoz municipal de IU señala “como responsables políticos de esta situación al concejal de organización y personal, al de Economía y Hacienda y al Alcalde de Granada, pues aplican la política de personal en el Ayuntamiento como si fuese su cortijo personal incendiando las relaciones entre trabajadores municipales y Ayuntamiento”.

El edil de la formación de izquierdas explica que el TSJA ha aceptado el recurso contencioso administrativo que CCOO presentó en el año 2012 “y en la que se pedía la anulación del presupuesto municipal por no incluir las partidas presupuestarias para pagar a los funcionarios de Servicios Generales del Ayuntamiento así como a la Policía Local y del Servicio de Extinción de Incendios”. De este modo, la Sala de lo contencioso da la razón al sindicato cuando en su recurso argumentó que el Ayuntamiento, unilateralmente y sin negociación sindical, había eliminado ilegalmente la productividad general. La sentencia falla a favor de CCOO y anula el acto administrativo por el cual de aprobó el presupuesto municipal de 2012 “por no estar ajustado a derecho” y ordena al Ayuntamiento a modificar las aplicaciones de gasto referente a la productividad del personal funcionario de servicios generales, así como la productividad del personal funcionario de la Policía Local y del Servicio de Extinción de incendios. Además contra la sentencia no cabe recurso “en función de lo establecido en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial” con lo cual es ejecutable.

Según explica Puentedura el cumplimiento de esta sentencia obligará a una modificación presupuestaria “para que se recoja en cuantía suficiente la productividad que en el año 2012 de forma ilegal eliminó el Ayuntamiento, lo que supondrá un gasto extraordinario de 1.846.000 euros”. De este modo los más de 2.000 funcionarios municipales recuperarán la productividad que se les quitó, de forma irregular. Es por ello que Izquierda Unida muestra su satisfacción porque los empleados municipales puedan ver restituidos unos derechos laborales y salariales “que injustamente el equipo de gobierno del PP les quitó”.

No obstante el portavoz municipal de IU  lamenta que este sea “un ejemplo más de las chapuzas e ilegalidades del gobierno municipal del PP y de su máximo responsable, el alcalde de Granada”. Además Puentedura señala “que el cumplimiento de la sentencia costará cerca de dos millones de euros a la ciudad, todo ello porque el Ayuntamiento no negoció con los sindicatos e impuso una ilegalidad con la aprobación del presupuesto municipal”. Además el concejal de la coalición destaca “que esta sentencia no sólo es una bofetada al concejal de economía sino también al de personal y al alcalde de Granada” y señala que la sentencia deja claro “que el convenio laboral recogía la obligación de pagar esta productividad y que no hubo acto administrativo por el cual ni el Ayuntamiento denunciase el convenio en 2012 ni anulase este complemento salarial, con lo cual tenía plena vigencia y debía ser incluido en el presupuesto municipal para 2012”.

Puentedura también recuerda “que la elaboración de este presupuesto, fue la excusa que el alcalde de Granada dio para ascender al Concejal de Economía a Teniente de Alcalde, subiéndole el sueldo en 8.000 euros anuales, ahora el tiempo demuestra que este presupuesto además de ilegal es una chapuza que costará una suma importante a la ciudad de Granada, por no haber previsto un gasto que era obligatorio”.