El exalcalde de Otura, acusado en un supuesto caso de facturas falsas, defiende su actuación y acusa a la dirección del PP de “conspirar”

El exalcalde de Otura, el ‘popular’ Ignacio Fernández-Sanz, ha defendido este martes su actuación ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa Fe, que investiga el caso sobre la posible falsedad de unas facturas presentadas por el Ayuntamiento de la localidad para el plan de pago a proveedores del Gobierno.

En declaraciones a Europa Press, Fernández-Sanz, citado a declarar como imputado este martes, ha dicho estar “tranquilo y sereno” ante unas acusaciones que ha tachado de “falsas” y que responden a una “conspiración urdida desde la dirección provincial del PP y por parte del diputado provincial José Antonio Robles”, para, según ha asegurado, desbancarlo de una Alcaldía que obtuvo “con la mayoría de votos de los ciudadanos de Otura”.

Según ha sostenido, seis de los ocho concejales del equipo de gobierno, del PP, denunciaron estas irregularidades con el objetivo de que abandonara el puesto de primer edil, aupando en la Alcaldía al también ‘popular’ Pedro Cabanillas. “Cabanillas es el único beneficiado, él y el señor Robles”, ha afirmado.

Fernández-Sanz ha estado declarando ante la juez unas dos horas, y ha respondido tanto a las preguntas de la magistrada, como de la Fiscalía y de los abogados personados en el proceso, presentando documentación ante el juez que acredita “con toda la contundencia y rotundidad” que su actuación fue acorde a la ley.

Junto a Fernández-Sanz estaba previsto que declararan como imputados el que fuera edil de Urbanismo, Ignacio Pérez, una extrabajadora municipal y tres administradores de empresas, según han informado a Europa Press fuentes judiciales. La juez investiga en este caso la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad con fines de defraudación.

Recientemente trascendió un informe de la Guardia Civil que concluyó que un total de seis facturas de tres empresas, por valor de 175.061 euros, pueden ser ficticias, ya que se alteró supuestamente el registro para otorgarles “apariencia de legalidad”, cuando, en su mayoría, obedecen a trabajos que “no fueron realizados”.

El caso recayó en un principio en el Juzgado de Instrucción 9 de Granada, que, al comprobar que se circunscribían al municipio de Otura, se inhibió a favor del juzgado de Santa Fe, aceptó el asunto abriendo diligencias de investigación penal el pasado 14 de noviembre.

La denuncia de los concejales del PP llevó aparejada una serie de discrepancias con Fernández-Sanz, que finalmente anunció su dimisión aunque aludiendo a motivos de salud, después de que todo su equipo de gobierno decidiera abandonar sus responsabilidades municipales.

En el documento que presentaron en los juzgados sus seis concejales, entre los que se encontraba el entonces edil de Economía y Hacienda y ahora alcalde, Pedro Cabanillas, relataban que el Ayuntamiento abonó 178.000 euros a tres empresas con cargo a la segunda fase del plan que puso en marcha el Gobierno para el pago a proveedores supuestamente falsificadas o duplicadas.