Ana y Margarita podrán seguir tres años más en sus casas de Motril y Charches gracias al decreto antidesahucios “que ya presiona a los bancos”

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica hoy la orden de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Vivienda por la que se expropia temporalmente el uso de dos viviendas en la provincia de Granada a Caja Rural de Granada para evitar que las familias que las habitan pierdan su hogar tras la amenaza de desahucio.

Se trata de la primera acción de la Junta en nuestra provincia en virtud del decreto contra los desahucios. Las viviendas están ubicadas en Motril y Charches(Valle del Zalabí).

La consejera de Vivienda, Elena Cortés, ha anunciado que los casos que hemos conocido hoy son sólo el principio. Cualquier persona que solicite la expropiación temporal del uso de su vivienda se podrá beneficiar de este decreto antidesahucios siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

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El BOJA publica el comienzo del expediente una vez comprobado que las residentes cumplen los requisitos y corren riesgo de quedar excluida de la sociedad, si finalmente es desahuciada.

Estas dos expropiaciones son las segundas que se efectuarían tras la iniciada a finales de mayo sobre una vivienda de Huelva capital.

En ambos casos las dos inquilinas, Ana y Margarita, respectivamente, presentaron ante la Delegación de Fomento y Vivienda en Granada la solicitud para el inicio del expediente de expropiación del uso de las viviendas que le han embargado.

Ana ha expresado su satisfacción por poder quedarse en su casa un tiempo más. El banco se quedará con la casa pero no podrá usarla en ese periodo. Y Ana tiene tres años para intentar buscar una solución. Por lo pronto, tiene un techo.

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No podía pagar su hipoteca y el banco se la ha quedado. Ana tiene 3 hijos y desde este mes no entra ni un solo euro en su casa.

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Los casos de Ana y Margarita no son únicos. En Granada, la Consejería de Fomento y Vivienda está tramitando otros expedientes. Aunque el periodo administrativo es largo, irán conociéndose otros casos que el delegado, Manuel Morales, no ha querido desvelar. En cualquier caso, sí dice que el decreto antidesahucios no solo está permitiendo estos expedientes en casos de familias con evidente riesgo de exclusión. También está provocando que los bancos se avengan a negociar sin llegar al límite legal.

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La Consejería ha informado que los desahucios de Ana y Margarita se iban a ejecutar por deudas de solo 30.000 euros, por lo que las familias tendrán que pagar al banco durante estos tres años unos 50 euros mensuales si tienen ingresos. Si no, ese alquiler social lo pagará la Junta.

El Grupo STOP Desahucios también se ha referido al decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía. Dice su portavoz, Antonio Redondo que es un primer paso pero no suficiente.

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Consulta el BOJA de hoy en este enlace.

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