Casi un centenar de familias de posibles niños robados se reúnen para redactar sus quejas ante la UE

Casi un centenar de familias de posibles niños robados en la provincia de Granada han sido citadas para este sábado con el objetivo de que redacten una queja ante el Parlamento Europeo para que se investiguen sus casos, sumándose así a la petición formulada por el presidente de la Asociación de Afectados por la Desaparición de Niños en Democracia (ADN-D) y padre de una niña presuntamente sustraída, Eduardo Raya.

Según ha explicado a Europa Press la portavoz de la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa) en Granada, Angustias Rodríguez, las familias han sido convocadas a las 18,00 horas en el polideportivo de la calle Barrio Alto de El Fargue, en la capital, para que rellenen su petición y adjunten lo que consideren oportuno para apoyar su reclamación, dirigida a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

A esta queja podrían sumarse también en un futuro próximo más afectados de Andalucía y del resto de España. “Tienen que saber que este caso no es el de un padre y de unos cuantos más, sino que somos miles los perjudicados”, ha señalado Eduardo Raya a Europa Press.

Esta iniciativa se produce después de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidiera finalmente estudiar la petición de Raya, al que en primera instancia le comunicó que no estudiaría su queja.

En su segunda contestación, la presidenta de la Comisión, Erminia Mazzoni, trasladaba a Raya que solicitaría a la Comisión Europea “información adicional” sobre “los diferentes aspectos del problema”, y le informaba de que en cuanto dispusiera de esos datos proseguiría con el “examen” de su petición.

Eduardo Raya, letrado de profesión, contestó al archivo de la petición de la Comisión con una carta el pasado 4 de febrero en la que le reprochaba a su presidenta su “nulo interés” en investigar lo que enmarca en “delitos de lesa humanidad”.

Anteriormente, el Parlamento Europeo le había comunicado que no podía valorar su caso porque “no es una autoridad judicial” y que no podía “emitir juicios ni revocar decisiones adoptadas por las autoridades judiciales y administrativas de los Estados miembros”.

Su hija nació el 6 de junio de 1990, después de que uno de los doctores del Clínico le practicara una cesárea urgente por supuesto sufrimiento fetal, el mismo facultativo que, según el padre, “casualmente” fue condenado tres años más tarde por la Audiencia Provincial de Granada por una adopción irregular.

Tres días más tarde, el Hospital comunicó a los padres que la hija había fallecido, y sus supuestos restos fueron enterrados. Sin embargo, años más tarde, los padres decidieron trasladarlos para enterrarlos junto a su abuelo paterno, pero antes les hicieron pruebas de ADN en dos laboratorios (Tecnogen y Genómica) que dictaminaron que aquellos restos no pertenecían a su hija.