La Junta compromete transferencias “urgentes” para pagar la deuda a corto plazo de las universidades, que cifra en 100 millones de euros

La Junta de Andalucía y los rectores de las diez universidades públicas de la comunidad –las ocho provinciales, más la sevillana Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)– han suscrito el acuerdo por el Sistema Universitario Público andaluz, consenso sectorial incluido dentro del Pacto por Andalucía, que entre otros aspectos contempla transferencias “urgentes” para atender la deuda más prioritaria y a corto plazo de las sedes académicas, referida al pago pendiente con proveedores.

Este débito, según ha explicado a los periodistas el rector de la Universidad de Córdoba (UCO) y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), José Manuel Roldán, se cifraría, con todas las cautelas a las que obligan las circunstancias particulares de cada institución, en unos 100 millones de euros, que según los términos del acuerdo alcanzado con la Junta debe estar en vías de solución antes de octubre de 2013, fecha de inicio del próximo curso académico.

A medio y largo plazo, la deuda para con las universidades, entendida como aquellas órdenes de pago reconocidas por la administración autonómica y no ejecutadas por el “insoportable” incremento de déficit que ello supondría para la autonomía, se dispara hasta los 900 millones de euros. Según Roldán, “lo que esperamos es una solución con posibilidad de financiación a través de préstamos de bancos europeos que puedan paliar la situación”.

De esta manera, en el acuerdo, y siempre dentro del marco del actual modelo de financiación, se cumpliría con el “esfuerzo” presupuestario para el sistema en los ejercicios 2013 y 2014, se acometería el pago de la deuda reconocida con las universidades públicas andaluzas –incluyendo las mencionadas transferencias de urgencia– y se acometerían abonos periódicos suficientes para garantizar un funcionamiento “adecuado” de las actividades docentes e investigadoras, así como una “correcta” planificación de la tesorería.

“Empezaremos a negociar mañana para que, cuando llegue octubre de 2013, ya tengamos las medidas por lo menos iniciadas”, ha abundado Roldán, que, por otro lado, ha indicado que a pesar de las peticiones elevadas por algunas instituciones universitarias –la Universidad de Sevilla lo ha aprobado esta semana en su Consejo de Gobierno–, por el momento no se establece ninguna fórmula concreta para establecer el fraccionamiento de pago en más de los dos plazos actualmente vigentes.

No obstante, fuentes de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo han precisado a Europa Press que este aspecto se tendría en cuenta en la elaboración del próximo decreto de precios públicos. De hecho, el pacto recoge, en materia de estudiantes, el establecimiento de ayudas a los estudiantes universitarios que corrijan los actuales riesgos de exclusión social –también el mantenimiento de la actual política de precios de matrícula y el procedimiento común de acceso a las universidades públicas andaluzas, garantizando los actuales derechos de los alumnos en la elección de estudios–, mientras que el consejero del ramo, Antonio Ávila, ha indicado que “se está trabajando para que sea posible en Andalucía, y va a ser posible”.

Sin embargo, por ahora no se indica ninguna fórmula concreta, sino que, según ha alegado el presidente de la AUPA, cada universidad busca sus propias alternativas según lo instaurado en la actual normativa. De esta manera, la Junta da “libertad” a las universidades para que éstas, dentro de su autonomía, busquen “soluciones” que pueden ir desde el fraccionamiento hasta convocatorias extraordinarias de ayudas, el alargamiento de los plazos o convenios con la banca.

La clave está en no llegar a un extremo en el que las universidades queden “descapitalizadas”, ha manifestado Roldán, recordando que si el fraccionamiento se llevase a cabo sin más entre 2013 y 2014 las instituciones universitarias tendrían problemas de tesorería “mucho más graves”.

En materia de personal, se elaborarán estrategias de defensa de la carrera profesional, considerando las oportunidades para el acceso, formación y promoción –sin mencionar, no obstante, casos concretos como el del profesorado asociado–, y de defensa de la plantilla “estable”. Por último, se compromete la potenciación del Distrito Único Andaluz y la promoción e impulso de la investigación y la innovación.

Tras la firma, el rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, ha enviado un comunicado a la comunidad universitaria en el que explica que tanto él mismo como sus homólogos en las universidades públicas andaluzas entienden que, además de una declaración formal de “confianza” y “apuesta” por el Sistema Universitario Andaluz, el mismo puede suponer “un camino de acuerdos concretos en un plazo cierto e inmediato que, de cumplirse, podría ser esperanzador”.

“He de confiar en que el Gobierno de Andalucía se aplicará como corresponde en la urgente tarea a realizar, será todo lo generoso que la situación requiere y no defraudará las expectativas que en él depositamos de manera extraordinaria; este rector y la comunidad universitaria de la US así se lo va a demandar”, finaliza.