El PP considera que el decreto del litoral “sume en la incertidumbre” al sector agrícola de la costa tropical

El PP-A ha advertido este lunes de que el Plan del Litoral Andaluz va a “sumir en la incertidumbre” al sector agrícola de la Costa Tropical granadina. Así lo ha señalado, la parlamentaria andaluza Ana Vanessa García con motivo de la reunión que concejales de urbanismo del PP en la provincia han mantenido con la vicesecretaria de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, del PP Andaluz, Alicia Martínez.

En rueda de prensa, Ana Vanessa García ha señalado que el decreto del litoral afecta a todos los municipios costeros de la provincia de Granada “generando innumerables dudas y preocupaciones a todos los habitantes de la costa Tropical y a los ayuntamientos afectados”.

Pero la parlamentaria ha concretado dicha preocupación en el sector agrícola, “que es uno de los fundamentos y motor de desarrollo para gran parte de los habitantes de la costa y sin embargo, todos los invernaderos, cooperativas e instalaciones de cultivo de la Costa Tropical, según este decreto, no van a poder ampliarse ni modificarse, generando una gran preocupación hacia el sector”.

En ese sentido, García ha anunciado que “el Partido Popular va a hacer un balance para analizar si el Ejecutivo bipartito está resolviendo los problemas de los ciudadanos, o si por el contrario se trata de un decreto de humo y papel mojado como nos tememos y como acostumbra el Gobierno andaluz de PSOE e IU, siendo la Junta de Andalucía la competente de la ordenación del territorio”.

Al decreto también se ha referido la vicesecretaria de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del PP-A, Alicia Martínez, quien ha destacado que “la aprobación de la Ley de Costas del Gobierno de Mariano Rajoy da seguridad y protección al Medio Ambiente de los municipios costeros en Andalucía y España, garantizando el desarrollo de los mismos, mientras que el Decreto del Litoral andaluz supone un retroceso para la evolución de los municipios de costa, da la espalda a los empresarios del sector turístico de la costa en Andalucía y pone de manifiesto que el Gobierno bipartito está más preocupado por la confrontación constante con el Gobierno central”.

Por otro lado, Alicia Martínez, ha valorado también la política de vivienda y urbanismo de la Junta de Andalucía en lugar de tener un carácter colaborador en la gestión con los diferentes consistorios, “es una traba constante para los ayuntamientos andaluces, con falta una falta de trasparencia administrativa y de diálogo para solucionar los problemas de todos los consistorios andaluces”.

Alicia Martínez ha reseñado que “la nefasta política de Vivienda del Ejecutivo andaluz queda latente con el balance total de construcción de únicamente 16 viviendas protegidas entre los años 2010 y 2012 en la provincia de Granada, 9 en Baza y 7 en Granada capital”. Martínez ha desvelado que en el año 2012 la Junta no inició la construcción de una sola vivienda en Granada, lo que a su juicio demuestra la verdadera dimensión de la política de vivienda de la Junta.

Además, en materia de rehabilitación, Alicia Martínez ha criticado la mínima inversión que el Ejecutivo de la junta va a destinar a la provincia de Granada con un importe de 98.000 euros para actuaciones en los municipios de Ugíjar, Moraleda de Zafayona, Marchal y Colomera. Una inacción por parte de la consejería de Vivienda y Fomento que a juicio de Martínez supone “un duro castigo e insulto hacia todos los granadinos”.

En referencia al Decreto para la regularización de las viviendas ilegales aprobado en 2012, ha afirmado que “hoy por hoy diferentes sentencias han puesto de manifiesto la inutilidad del mismo, su carácter electoralista e improvisado y que no soluciona en absoluto los problemas de más de 300.000 familias andaluzas con una vivienda irregular”. Al mismo tiempo, Martínez ha criticado que según el censo de 2011 hay 150.000 viviendas nuevas sin vender en Andalucía como resultado de las nefastas políticas e inactividad en materia de vivienda y fomento del alquiler del Gobierno autonómico durante todos estos años.

Ante esta “dramática” situación, Martínez ha asegurado que “el Partido Popular va a plantear una modificación de la Ley de Suelo en Andalucía dotándola de mayor seguridad jurídica y dando una solución definitiva a los problemas de las familias a las que la Junta de Andalucía tiene abandonadas a su suerte, siendo la principal competente en materia de vivienda y ordenación del territorio”.

Finalmente, la parlamentaria granadina, Ana Vanessa García, ha criticado la gestión de la Junta de Andalucía a través de la empresa EPSA (Empresa Pública de Suelo de Andalucía) con los municipios que tienen viviendas de la Junta en régimen de alquiler.

Ha reprochado a la Junta “que haga política demagógica con su empresa de suelo al escribir cartas a los inquilinos afirmando que han solicitado a los ayuntamientos la bonificación del IBI de este año y amenazándoles con repercutirles el impuesto correspondiente al año 2011, si los ayuntamientos no aceptan esa solicitud”. García ha censurado que “aunque los ayuntamientos hayan modificado su ordenanza para rebajar y modificar el IBI de 2013, no se puede modificar el IBI de 2011 con carácter retroactivo”. A juicio de García, el único objetivo de la Junta es “mejorar su recaudación”.