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Andalucía otorga 44 nuevas farmacias en Granada en su primer concurso público
Andalucía ha concluido su primer concurso público de farmacias, que permitirá abrir en los próximos meses 377 oficinas (44 en Granada) y crear hasta mil puestos de trabajo, según ha informado la consejera de Salud, María Jesús Montero.
En rueda de prensa, Montero ha precisado que 316 de esas farmacias son de nueva creación y 61 han quedado libres tras haber sido sus titulares adjudicatarios de una nueva.
La orden se ha aprobado tras superar 77 recursos planteados en la vía contencioso-administrativa, pues “llevamos once años en los que todas las normativas han ido sistemáticamente a los tribunales”, se ha lamentado Montero.
La puesta en marcha de estos establecimientos supone un incremento del 9% sobre las actuales 3.572 farmacias, y su distribución territorial se ha acordado teniendo en cuenta la accesibilidad de la ciudadanía, las necesidades de asistencia farmacéutica de la población de pequeños núcleos y las zonas de crecimiento de grandes ciudades y localidades costeras.
Según datos de la Junta, 800.000 andaluces pasarán a tener una oficina de farmacia más cerca.
Las oficinas adjudicadas en este concurso público tendrán que estar abiertas antes de febrero del 2015, fecha en la que finalizan los plazos máximos establecidos en la convocatoria, y una vez que todas estén operativas Andalucía tendrá un total de 3.888 oficinas de farmacia.
Por provincias, las 377 farmacias se reparten de la siguiente manera: Almería (61), Cádiz (43), Córdoba (19), Granada (44), Huelva (30), Jaén (19), Málaga (83) y Sevilla (78).
Por su parte, de las 316 farmacias se nueva creación un total de 47 se ubican en Almería, 36 en Cádiz, 16 en Córdoba, 27 en Granada, 23 en Huelva, 17 en Jaén, 74 en Málaga y 76 en Sevilla.
Este primer concurso público de oficinas de farmacia contó con 2.873 participantes, ha explicado Montero.
La consejera de Salud ha recordado que las personas que estén descontentas con la adjudicación tienen dos meses para recurrir, y no ha descartado que algún juez pueda ordenar una suspensión cautelar.
Ha afirmado que “hay intereses claros en torpedear el proceso y que no se instalen nuevas empresas o se reparta la venta de medicamentos” pues hay “grandes profesionales del Derecho dedicados a ir a los tribunales cada vez que movemos un lápiz de la mesa”.
