La formación de izquierdas alerta de que la guerra abierta en la Diputación Provincial por la gestión de los residuos puede acabar pagándola los motrileños.
“La disolución del consorcio que gestionaba los residuos provinciales y la incomprensible cesión de estas competencias que ha realizado el Ayuntamiento de Motril a favor de la Diputación por acatamiento de ordenes de su partido supondrá un trato discriminatorio y un nuevo incremento de impuestos para los ciudadanos”.
Así lo ha manifestado la concejala motrileña de IU, Daniela Paqué, que ha calificado la iniciativa como “una nueva metedura de pata fruto de la improvisación y del sometimiento a toque de corneta respecto de las instrucciones del secretario provincial del PP que ha obligado a todos los ayuntamientos gobernados por este partido a aceptar sin rechistar este nuevo sistema de gestión”.
“Con el canon actualmente vigente, los motrileños pagan una única cuota de 33,4 € anuales en concepto de tratamiento de residuos, mientras que las industrias pagan una cuota diferencial en función de la estimación de la producción de residuos. Así por ejemplo un kiosco de 20 metros paga unos 30€ mientras que una corrida de hortalizas, un hipermercado o un gran hotel paga del orden de 3000 €, 100 veces más. Con el nuevo sistema el kiosco pagará prácticamente lo mismo pero la corrida, el hotel o el hipermercado pagará tan sólo 50 €”. Ha añadido Paqué
La edil ha explicado como con la nueva tasa, se pagará en función del valor catastral del inmueble, de tal modo que “las actividades industriales pagarán menos que las viviendas, e incluso algunas actividades como las oficinas, que apenas generan residuos, pagarán más que las industrias, la hostelería o el almacenaje”.
“Este nuevo sistema dejará de ingresar algo más de 700.000 €, reduciendo la recaudación en un 85% pasando de los algo más de 800.000 € actuales a menos de 100.000 €. Este déficit deberá ser cubierto con incrementos de la tasa, donde los grandes perjudicados, como siempre con el PP, serán los ciudadanos y el pequeño comercio”. Ha sentenciado
Para finalizar Paqué ha exigido al gobierno municipal la revocación de su posición actual y la vuelta al sistema que lleva funcionando desde 1997 sin problemas.