Órgiva acusa a la Diputación de impedir el acceso de 20 familias a viviendas sociales y de imponer rentas superiores a la media del mercado libre

El gobierno de la Diputación Provincial de Granada (PP) mantiene cerradas veinte viviendas de Protección Oficial en el municipio de Órgiva, para las que ha impuesto además rentas de alquiler superiores a los precios del mercado privado. Así lo ha denunciado hoy en rueda de prensa la alcaldesa de Órgiva, María Ángeles Blanco, quien ha acusado al equipo presidido por Sebastián Pérez de dilatar y bloquear durante un año la ocupación de estos inmuebles, dependientes de la Empresa de Vivienda y Suelo de la Diputación Visogsa, a pesar del importante número de familias con necesidades de vivienda en la localidad.

La regidora ha explicado que las obras arrancaron el 21 de enero de 2011, después de que el municipio cediera a la institución los terrenos de manera gratuita. Un año después estaban finalizadas. El Ayuntamiento requirió entonces a la Diputación la documentación pertinente para otorgar la licencia de primera ocupación, un trámite que no se completó hasta mayo de 2013 por los retrasos y el continuo bloqueo por parte de Diputación.

Además, Visogsa únicamente ha podido adjudicar apenas cinco de las veinte viviendas, ya que el precio del alquiler oscila entre los 260 euros, en el caso de las de menos superficie, y los 309 euros, las de mayor tamaño, precios que son superiores en muchos casos a inmuebles de renta libre. Blanco ha asegurado que su grupo llevó una moción al pleno, que se convirtió en declaración institucional con el apoyo de todos los grupos políticos, en la que se reclamó a Diputación la adjudicación inmediata y que bajara la renta.

Sin embargo, el concejal del PP y también diputado provincial de esta formación, Francisco Tarifa, esgrimió que la Diputación carece de esta competencia y la atribuyó a la Junta, que ya ha contestado en un escrito fechado el 28 de junio asegurando que sus competencias se limitan a establecer un techo máximo de renta. Por tanto, es la empresa Visogsa la encargada de establecer el precio por debajo de ese tope, según ha explicado la alcaldesa.

“Nos sentimos engañados”, ha afirmado Blanco, quien se pregunta cuánto tiempo más tiene que transcurrir para que puedan ser adjudicadas estos inmuebles. Ha apuntado además que en el municipio existen unas 500 familias con necesidades de vivienda, personas que se ven perjudicadas por la “inacción y la indolencia” del gobierno del PP en Diputación.

Por su parte, el diputado socialista y representante del grupo provincial del PSOE en Visogsa, Manuel Gómez Vidal, ha afirmado que “no es entendible que se tarde más en los papeles, que en hacer la propia obra”.

Tampoco es entendible, a su juicio, que no se hayan cerrado aún los procesos de calificación definitiva de las viviendas por inoperancia de Visogsa, lo que constituye un problema que compromete, según ha asegurado, a la propia viabilidad de la empresa de la Diputación. Según Gómez Vidal, no se puede tener un patrimonio con viviendas vacías.

El representante socialista ha avanzado que su formación solicitará en los próximos días la celebración de un consejo extraordinario de la sociedad para que se analice este caso y se resuelva la situación ajustando los precios a los parámetros del mercado público.