La asistencia letrada de Diputación ahorra un millón de euros a los ayuntamientos en abogados y procuradores

La Diputación de Granada ha prestado asistencia letrada a 93 entidades locales a las que se ha dado cobertura durante el último año en un total de 250 procedimientos judiciales. Según ha informado el diputado provincial de Asistencia a Municipios, José Torrente, este asesoramiento y personación han permitido el ahorro de un millón de euros en gastos en honorarios profesionales incluyendo los de abogados y procuradores.

Los asuntos en los que la Diputación presta asesoría a los municipios abarcan las jurisdicciones penal, social, civil y, sobre todo, contencioso-administrativo. En este último campo, los principales litigios surgen en el ámbito urbanístico. La Junta de Andalucía tiene interpuestos varios pleitos contra los planes urbanísticos de municipios que si vieran prosperar estos recursos tendrían que hacer frente a indemnizaciones cuantiosas e incluso demoliciones de urbanizaciones.

Como ha señalado el diputado delegado de Asistencia a Municipios, “llama la atención el continuo pleiteo que la Junta tiene con los ayuntamientos de la Costa impugnando los planes urbanísticos locales que pueden terminar en indemnizaciones multimillonarias a los propietarios” si bien “hasta ahora no lo ha supuesto pues hasta ahora los casos que se han visto han sido favorables en primera instancia a los intereses municipales”.

“Esperamos que la justicia siga su curso” pues “no están los ayuntamientos en condiciones de afrontar estas indemnizaciones”, ha reseñado José Torrente congratulándose que el equipo de letrados de la Diputación Provincial está prestando a estos ayuntamientos.

Destacan también los litigios de los ayuntamientos contra la petición de reintegro de subvenciones concedidas previamente por el Gobierno andaluz con el “agravante” de que afectan a obras o servicios ya ejecutados sobre la base de la financiación facilitada por la administración autonómica que “parece que ha encontrado una vía supuesta de encontrar recursos a los ayuntamientos” a través de esta forma de proceder, según ha indicado José Torrente.

La cantidad en juego que habrían de retornar los municipios afectados es de casi 500.000 euros que “estamos pleiteando en nombre de los ayuntamientos de la provincia contra la Junta de Andalucía”.

En paralelo, han disminuido los recursos interpuestos por las empresas contratistas como consecuencia del plan de proveedores del Gobierno central que ha resultado ser “un analgésico para que toda esta casuística se aminore de manera importantísima”. Hay pendientes cantidades que oscilan entre los 1.400 y los 378.000 euros. También hay reclamaciones de particulares contra los ayuntamientos por responsabilidad patrimonial.

A este respecto, “existe una tendencia a considerar la administración pública como aseguradoras universales de todos los accidentes que ocurren en los municipios” lo cual conlleva a una “excesiva litigiosidad” con reclamaciones que van desde los 1.400 euros a los 100.000 euros por asuntos derivados de expropiaciones, ordenanzas fiscales, o cuestiones de naturaleza tributaria, entre otos temas, en los que “la Diputación está prestando su asesoramiento técnico con gran fluidez”, ha remarcado Torrente.

Tras las medidas de reordenación en materia de personal a las que se han visto abocadas las entidades locales, se han suscitado numerosas reclamaciones. Los recursos de suplicación interpuestos por los letrados en nombre de las entidades locales han tenido en un 75 por ciento de los casos un resultado positivo para los intereses de los municipios. La cobertura de la Diputación se da no solo en la capital sino también en los juzgados comarcales de Órgiva, Baza, Huéscar, Guadix, Motril o Loja. También en Sevilla, las distintas salas del Supremo en Madrid y, ocasionalmente, en Córdoba o Málaga.