La futura Ley de Memoria Democrática prevé sanciones por mantener la simbología franquista, según el PSOE

La futura Ley de Memoria Democrática de Andalucía trata de “evitar trampas como las que están haciendo algunos con la simbología franquista”, según el parlamentario socialista Javier Aragón, que esta mañana ha anticipado algunas novedades de la nueva norma. El anteproyecto establece mecanismos coercitivos, con sanciones de 300 euros, en la primera amonestación, 3.000 en la segunda y 30.000 euros, además de la retirada de los símbolos por parte de la Junta de Andalucía, ha explicado el diputado socialista.

Aragón ha subrayado que el objetivo de la ley es evitar “que no haya ninguna puerta de atrás que impida su aplicación”, como sucede ahora. La futura normativa andaluza, además, plantea realizar un inventario de la simbología franquista que aún permanece en espacios públicos y establecer un calendario para su retirada. “La idea es realizar ese calendario de manera consensuada y que todas las instituciones, que entendemos que son democráticas, hagan fe de esa democracia”, ha señalado.

El parlamentario socialista ha criticado que aún permanezcan símbolos franquistas en la vía pública aprovechando algunas lagunas legales. En ese sentido, se ha referido al monolito a Primo de Rivera que el gobierno municipal del PP se niega a retirar de la plaza de Bibataubín. “Los mismos que homenajean a Federico García Lorca le dan un reconocimiento a Primo de Rivera”, ha indicado.

Aragón ha subrayado que la futura Ley de Memoria Democrática, que elabora la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, forma parte del pacto de gobierno suscrito por el PSOE e IU. “La nueva ley, que se presentará al pleno del Parlamento a finales de octubre o principios de noviembre, “supone un reconocimiento a las víctimas”, ha agregado. También ha destacado que entre los objetivos de la ley se encuentra la participación ciudadana y el reconocimiento moral y social a las víctimas de la represión y a sus familiares.

El diputado socialista ha señalado que Andalucía y País Vasco son las únicas comunidades que mantienen subvenciones relacionadas con la Memoria Histórica y ha recalcado que el Gobierno del PP paralizó la aplicación de la ley estatal. “No olvidemos que Andalucía es una de las comunidades donde más cruenta fue la represión, con más de 50.000 fusilados y más de 614 fosas sin abrir”, ha agregado.

Además, según el parlamentario socialista, la futura ley incluye como novedades la creación de un Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía, en el que se propone que participen todos los grupos con representación parlamentaria. “También plantea la posibilidad de crear un censo de personas que fueron fusiladas, la creación de un comité técnico y de un banco de ADN, además de unos mapas de localización de lugares de memoria, que ya cuenta con más de 50 propuestas”, ha precisado. Aragón ha explicado que “los gastos derivados de cualquier intervención serán abonados por la Junta en parte o en su totalidad” y que la nueva ley andaluza también establece la declaración de interés público y social de Lugares de Memoria.