Caso ‘Palacio de Hielo’: el alcalde dice que el informe técnico no tiene que ver con el caso investigado

alcalde tribunales hielo torres hurtado juzgados imputadoEl alcalde de Granada se ha vuelto a referir hoy a la investigación de las supuestas irregularidades en el caso de las parcelas del Palacio de Hielo. Un día después de declarar como imputado, Torres Hurtado ha quitado valor al informe de un técnico que alertaba de que la operación no era rentable para el municipio. El alcalde ha asegurado que ese informe no tiene relación directa con el caso investigado.

José Torres Hurtado se ha mostrado convencido de que su declaración ante el juez en calidad de imputado por un posible delito de prevaricación relacionado con una operación urbanística en el Cerillo de Maracena “desmonta de la A a la Z” los argumentos de los querellantes, en relación al PSOE, al que ha acusado de “ocultar información intencionadamente”.

Escucha al alcalde de Granada:

A preguntas de los periodistas sobre este asunto, Torres Hurtado ha reiterado que su defensa no será costeada con fondos públicos y ha insistido en que toda la operación obtuvo los informes favorables de los técnicos, además de que pasó por el pleno municipal y contó con los votos a favor del PSOE e IU.

En ese caso, ha argumentado que “los primeros que tenían que estar imputados son ellos”, al tiempo que ha insistido en que esta denuncia es “un montaje que huele a persecución política” para intentar “desprestigiarle” a él y a los funcionarios que con sus informes avalaban la legalidad de todo el proceso.

“Esos informes existen”, ha clamado el regidor, quien ha hecho hincapié en que el grupo municipal socialista ha “ocultado” información “intencionadamente” al juez y ha defendido la legalidad de la operación, toda vez que el Ayuntamiento tenía “totalmente perdidos” los 8,2 millones de euros que adeudaban estos promotores pese a haberse iniciado el proceso de embargo, pues había otros delante de particulares y empresas.

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Asimismo, ha subrayado que el acuerdo alcanzado en este sentido implicaba que si en la venta de los terrenos de ese 14,5 por ciento de la parcela con la que se saldó la deuda asciende a menos de los citados 8,2 millones de euros, el Ayuntamiento seguiría cobrando esa cantidad.

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