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Un juez ve “abuso de derecho” por parte de la Junta en la gestión de su deuda con el Ayuntamiento
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Granada ha anulado una resolución aprobada por la Delegación Provincial de Hacienda de la Junta relacionada con la deuda que esta administración mantiene con el Ayuntamiento de Granada, al considerar que el Gobierno andaluz “ha vulnerado la confianza legítima y no ha actuado de acuerdo al principio de lealtad institucional”, lo que “constituye un claro abuso de derecho”.
El concejal de Economía, Francisco Ledesma (PP), que ha dado a conocer la sentencia en rueda de prensa, ha explicado que los hechos se remontan al verano de 2012, cuando mantuvo una reunión con miembros del Gobierno andaluz en Granada para abordar la deuda que la administración autonómica mantiene con el Ayuntamiento e hizo entrega a los responsables de la Junta de un documento “no formal” donde se detallaba el montante a pagar.
El edil mantiene que la documentación fue entregada en el transcurso de una reunión “institucional” y de “colaboración” cuyo objetivo era acercar posturas y, sin embargo, el Gobierno andaluz la registró de manera oficial, de modo que en una resolución posterior desestimó la petición del Ayuntamiento por considerar que existían deudas que no estaban suficientemente documentadas.
El Consistorio granadino recurrió la decisión y ahora el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Granada le da la razón, anulando la resolución del Gobierno andaluz y condenándole al pago de las costas procesales, si bien el fallo puede ser recurrido.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez mantiene que la Junta, de una manera “puramente oportunista” y en el ámbito de una reunión celebrada “a nivel institucional y de colaboración, aprovecha una mera conversación” entre el delegado de Hacienda y Administración Pública y el concejal de Economía para, “sin autorización alguna”, dar registro de entrada a un documento “que no tenía la consideración de iniciador de un procedimiento administrativo y tratar de obtener ventaja económica de lo que no era una solicitud ni la exigencia del pago” de la deuda.
Para el juez, este procedimiento “rompe el principio de confianza legítima en que se celebra el encuentro” y “constituye un claro abuso de derecho”.
El concejal de Economía ha mostrado su satisfacción por esta sentencia y ha manifestado la pretensión del Ayuntamiento de Granada de seguir reclamando la deuda pendiente a la Junta, que ha cifrado en 15 millones de euros.
