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IU pide que los representantes del Ayuntamiento en BMN exijan a la entidad la retirada de las cláusulas suelo
El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada ha registrado una moción “para que los representantes del Ayuntamiento de Granada y de los distintos grupos políticos que están representados en la Asamblea General de Caja Granada exijan la eliminación de las cláusulas suelo de todas las hipotecas de esta entidad, y de Banca Mare Nostrum (BMN), donde actualmente se integra Caja Granada”. Asimismo en esta iniciativa IU pide que se paralicen los procesos de ejecución hipotecaria, de las que no se debe exigir el importe pendiente de pago correspondiente a dichas cláusulas, así como el compromiso de no seguir incluyendo este tipo de cláusulas en los contratos futuros.
En este sentido el portavoz municipal de la organización de izquierdas, Francisco Puentedura Anllo, asegura que “con esta moción lo que pedimos es que BMN, donde se encuentra integrada Caja Granada, debe ceñirse a las medidas propuestas por el decreto de buenas prácticas del Banco de España y el cumplimiento de la sentencia de 9 de Mayo del Tribunal Supremo que indica “que este tipo de cláusulas son abusivas y por tanto su cobro es irregular e injusto”.
De este modo Izquierda Unida pide que Caja Granada retire las cláusulas y exija esta misma medida a BMN, grupo al que pertenece, que al mismo tiempo que ha anunciado la obtención de 5,8 Millones de beneficios en el primer semestre del 2013, “anunció ante el Mercado de Valores que esta entidad “no piensa retirar las cláusulas suelo” (El País Economía 2 agosto 2013).
Escucha a Francisco Puentedura
Según afirma Francisco Puentedura, un 27% del total de la cartera de esta entidad financiera hipotecaria, contempla cláusulas abusivas-suelo. Además el concejal de IU informa que Caja Granada cuenta con unas 50.000 hipotecas en la provincia de Granada “con lo que este tipo de cláusulas abusivas afectan a miles de familias de nuestra ciudad y provincia donde mensualmente tienen que pagar una media de más de 300 euros en intereses abusivos, lo que en muchos casos implica que no puedan pagar sus hipotecas y se encuentren en una situación de ejecución hipotecaria y ante el riesgo de un desahucio”. Esta situación “es aún más indecente si tenemos en cuenta que BMN ha obtenido ayudas públicas para su restructuración y saneamiento por valor de 730 Millones de €, está controlada entre un 65% y un 70% por el FROB y es la entidad que más hipotecas inmobiliarias posee en la provincia de Granada” indica Puentedura.
“Se han presentado más de 100 reclamaciones individuales por los damnificados, con la colaboración de IU, solo en la capital”, informan el concejal de IU quien asegura que estas peticiones se están extendiendo por el resto de la provincia de Granada. Desde el Grupo Municipal de izquierdas también han recordado que en la última Asamblea de la Junta de la General de la Caja (ahora banco), los representantes de IU, “exigieron” una respuesta ética y coherente para terminar con el “sufrimiento y extorsión” de los afectados por cláusulas suelo. Pidieron que se revisasen de oficio las hipotecas que tuvieran estas cláusulas para eliminarlas. Y que se cumpliera lo recogido en varias sentencias al efecto.
“Ante el silencio del PP y el PSOE, que son quienes están representados en el consejo de Administración de esta entidad, trasladamos esta moción al Ayuntamiento de Granada para que los representantes de estos partidos se sumen a esta iniciativa y mandaten a sus representantes en la asamblea general de Caja Granada a votar a favor de las peticiones realizadas” asegura Puentedura.
Además en esta moción IU pide la exclusión de los avalistas en los procesos de ejecución hipotecaria, especialmente aquellos incluidos en novaciones, carencias y refinanciaciones, a los que se informó de que era un formalismo pero que sus propiedades no corrían riesgo alguno, y también la adopción de la dación en pago con opción real para las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias, realizando la operación de forma que el precio de adjudicación sea igual o inferior al de compraventa, haciendo constar en la operación que se trata de una dación en pago, para que los beneficiarios de la misma no se vean obligados a declarar un aumento patrimonial cuando lo que ha pasado es que han perdido su hogar.
