La Dirección General de Prevención, Calidad y Cambio Climático de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha elaborado un informe en el que constata que la fábrica granadina de Cervezas Alhambra sigue emitiendo ruidos por encima del límite legal durante la noche, incluso cuando las máquinas de envasado están sin actividad, pese a las medidas correctoras aplicadas por la empresa.
En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que el nivel de inmisiones, después de los controles realizados el pasado mes de junio, es de 44,5 decibelios con el envasado parado, cuando el valor límite es de 43,8. Se trata de la prueba pericial que encargó el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Granada el pasado 2 de mayo, cuando suspendió el juicio civil que se estaba celebrando por los ruidos emitidos por la planta granadina, para acreditar si las medidas adoptadas por la empresa habían resuelto el problema de las inmisiones.
Así, una vez que el Juzgado reciba el documento, que también se encargó a una empresa contratada por la compañía cervecera, podría reanudarse la vista, que la juez suspendió, antes del trámite de conclusiones, justificando que a la hora de dictar sentencia debería conocer si la factoría emite actualmente unos niveles acústicos superiores a lo establecido por la normativa, teniendo en cuenta que la compañía informó de que había instalado la última pantalla para evitar los ruidos en enero de este año y que desde entonces no se habían practicado nuevas mediciones.
Por otra parte, en el ámbito penal, el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ya dictó el sobreseimiento libre de la causa abierta por los ruidos de la fábrica de Cervezas Alhambra de Granada tras la denuncia interpuesta por los vecinos de un bloque cercano al entender que “la actividad de producción desarrollada” es “anterior” a la construcción y ocupación de las viviendas de protección oficial donde se perciben las inmisiones presuntamente excesivas.
En una resolución de fecha 17 de abril de este año, el magistrado Basilio Miguel García consideró que de la situación de “confrontación de intereses entre el derecho al descanso de los vecinos del entorno” y el derecho de los titulares de la planta a la producción y explotación comercial correspondiente no se deriva “ninguna actividad criminalmente reprochable”.
El asunto se encuentra además en la Audiencia de Granada, donde los vecinos pidieron la suspensión cautelar de la actividad de la planta granadina, pero aún no han obtenido respuesta, y, en lo administrativo, la Junta de Andalucía emitió un informe el pasado mes de mayo en el que daba contestación a un informe de la empresa para certificar que ya cumplía con la normativa.
La contestación por escrito de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a la que ha tenido acceso Europa Press, la administración señalaba que las conclusiones de los informes realizados por Cervezas Alhambra, carecían del “mínimo rigor técnico”, que incumplían la metodología, que se realizaron comparaciones de índices acústicos con valores límites establecidos para otros índices acústicos diferentes, que incumplía incluso su “propia metodología utilizada”; y que no se identificaban los focos sonoros que están en funcionamiento.