El juez rechaza sobreseer el caso de los vertidos del PTS y acusa de “tardanza” a la Fiscalía

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha rechazado sobreseer el caso de los vertidos en el Parque Tecnológico de la Salud en el que está imputado el alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez (PSOE), acusando de “tardanza” a la Fiscalía de Medio Ambiente, que ha valorado el asunto más de seis meses después desde que se incoó el procedimiento abreviado por el asunto.

En un auto, de fecha 10 de septiembre y que este lunes ha facilitado a los medios de comunicación el PP, el magistrado Antonio Moreno contesta así al informe elaborado por el Ministerio Público, que ha solicitado el archivo de las actuaciones contra Sánchez por los delitos de los delitos de fraude de subvenciones y prevaricación administrativa, considerando además que tampoco tiene relevancia penal su papel en cuanto a un posible delito contra el medio ambiente.

En su nueva resolución, el juez muestra su extrañeza por que la Fiscalía de Medio Ambiente haya tardado más de seis meses en contestar al auto de procedimiento abreviado y critica que su informe “en el fondo y en el tono” se asemeje más “a un escrito de defensa” y concluye que “no ha lugar en este momento procesal” a acordar los sobreseimientos solicitados, no sólo para el alcalde, sino también para el segundo imputado, el ingeniero encargado de las obras.

Sin embargo, sí accede a su petición de diligencias complementarias para constatar la existencia de vertidos a la acequia Arabuleila y para pedir información al respecto a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Asimismo, le pide al Ayuntamiento de Armilla que manifieste “de forma clara y contundente” si mantiene su personación en el caso –que inició estando el PP en el gobierno municipal–.

Sobre este auto se ha pronunciado este lunes en rueda de prensa el que fuera alcalde de Armilla, Antonio Ayllón, actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, advirtiendo de que el informe de la Fiscalía “no impedirá que Gerardo Sánchez se siente en el banquillo de los acusados”.

Además, ha mostrado su “sorpresa” por el criterio de la Fiscalía de Medio Ambiente, a la que ha reprochado que diga “entre líneas” que la responsabilidad de los vertidos podría enmarcarse en el mandato del PP, cuando, según Ayllón, el Ayuntamiento “actuó entonces con la máxima transparencia diligencia” y fue “la única administración” que hizo algo para evitarlos.

“Cada paso que dimos nosotros fue comunicado a las instancias superiores, a la Consejería de Salud y a la de Medio Ambiente, y el Ayuntamiento de Armilla fue el único que hizo algo. Creemos que en su auto el juez deja en el banquillo a quien tiene que estar, y nos parece sorprendente que la Fiscalía diga que la subvención de 450.000 euros se destinó a su fin, cuando no hay certificados de obra y tuvimos que hacer obras complementarias de 178.000 euros”, ha incidido.

Ayllón ha mostrado sin embargo su “confianza” en la justicia y ha confiado en que el procedimiento siga adelante y Sánchez sea juzgado por los delitos que se le imputan, “por mucho que el PSOE intente tapar o limpiar a ese alcalde”, porque “los hechos son irrefutables”.

LA INSTRUCCIÓN

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada dio por concluida la instrucción del caso el pasado mes de febrero imputando los delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, y contra los recursos naturales y el medio ambiente al alcalde de Armilla (Granada), Gerardo Sánchez (PSOE), y al ingeniero.

La investigación se abrió a raíz de la denuncia que interpuso en noviembre de 2011 el anterior equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Armilla, del PP, que atribuía a Sánchez irregularidades en la urbanización al plan parcial del Campus de la Salud, en la solicitud de subvención para las obras de saneamiento, y la eliminación de los vertidos, por los que le achacaba los delitos de falsedad en documento oficial, concesión ilegal de subvenciones, un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, cohecho, fraude, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, malversación y tráfico de influencias.

En este caso, “independientemente de la multiplicidad de delitos” que se denunciaron, el juez dictó únicamente la prosecución del procedimiento por la vía del procedimiento abreviado por fraude de subvenciones, prevaricación administrativa y contra los recursos naturales y el medio ambiente, sobreseyendo el resto.

Con el fin de realizar las obras en el PTS, detallaba el juez Antonio Moreno en su auto, el alcalde solicitó una subvención a la Agencia IDEA, que le concedió un total de 450.000 euros para la financiación de los trabajos, entre los que se encontraba la conexión a las redes aliviadero y norte para eliminar el punto de vertido de aguas que se estaban produciendo, y en concreto las de la acequia Arabuleila. Estas tareas no llegaron a ejecutarse por lo que apreció “indicios de no haber destinado la cantidad subvencionada a la finalidad para que le fue concedida”.

Respecto de los vertidos realizados en la acequia Arabuleila, recordó el magistrado que el Seprona ya halló sustancias en la misma “que generan riesgo parcialmente grave para la salud”, concretamente elementos de origen fecal y materias orgánicas en fase de descomposición.

Por ello, justificaba la imputación por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, aunque aclaraba que “no es asumible” la alegación de la existencia de múltiples vertidos en diversos lugares y localidades.