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El PP ve “insostenible” la situación del alcalde de Santa Fe y reclama su dimisión
El PP ha considerado este lunes “insostenible” la situación del alcalde de Santa Fe, el socialista Sergio Bueno, y ha reclamado su dimisión después de que el juez haya decretado la apertura de juicio oral contra el él por la posible adjudicación fraudulenta del servicio de grúa por el Consorcio Vega Sierra Elvira cuando él ostentaba su presidencia, caso por el que será enjuiciado en la Audiencia Provincial de Granada.
Sobre Bueno, para el que la Fiscalía solicita dos años de prisión y 16 de inhabilitación por dos delitos contra la administración pública, uno en su modalidad de prevaricación administrativa perpetrada por funcionario público y otro de fraude y exacciones ilegales, se “estrecha el cerco por un comportamiento irregular, que no sólo pudo beneficiar a una determinada empresa, sino que generó un claro perjuicio para el Consorcio y para cada uno de los municipios que forman parte del mismo”.
Así se ha pronunciado el portavoz del PP en Santa Fe, Juan Cobo, que ha responsabilizado a la secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, “de cada minuto” que Bueno continúe en el Ayuntamiento de Santa Fe, porque “si él no dimite, lo que tendría que hacer la máxima responsable del PSOE granadino sería forzar su cese, retirando la confianza en Bueno del grupo socialista del Ayuntamiento de Santa Fe”.
A juicio del PP, Jiménez es políticamente responsable “de lo que ha venido sucediendo en Santa Fe”, porque “a pesar de haberlo negado la secretaria general del PSOE ha tenido pleno conocimiento de las actuaciones irregulares cometidas en Santa Fe por Sergio Bueno”. “Lo que ocurre ahora”, ha dicho Cobo, “es que un juez y un fiscal lo han dicho a través de sus autos y escritos, por lo que Teresa Jiménez no puede seguir escondiéndose”, ha dicho a través de un comunicado.
El PP ha subrayado que, de acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, el proceso de adjudicación del servicio de recogida de vehículos abandonados en los municipios del Consorcio que se desarrolló entre 2010 y 2011 fue “un cúmulo de maniobras encaminadas a adjudicar el mismo a una empresa que ni siquiera existía y por una cantidad, que sorprendentemente, se duplicó en menos en un año”.
Cobo ha recordado que en una primera instancia el Consorcio adjudicó el servicio a una empresa Bueno Mar S.L., que tuvo que renunciar al no existir formalmente; como consecuencia de ello se puso en marcha un nuevo pliego, en el que casi se duplicó el precio de la contrata, –pasó de 60.000 euros por dos años en el primer caso, a 50.000 anuales en el segundo– y que finalmente volvió a recaer en la misma empresa.
Sin embargo se dio la circunstancia de que Bueno Mar S.L. tuvo que subcontratar los servicios a otra firma al carecer de la capacidad material para ejecutar el trabajo. Además, en su propio escrito, la Fiscalía “muestra su extrañeza por el hecho de que una tercera empresa, Grúas Taboada, hubiera presentado una oferta sin prácticamente ningún coste para el Consorcio, pese a lo que fue desestimada”.
En opinión de Cobo, “los hechos demuestran una forma de actuar de Bueno, y en general del PSOE de Santa Fe, para la que la ley no existe si esta supone un obstáculo para los intereses socialistas”.
