La Fiscalía propone que los bienes incautados reviertan en la lucha contra la corrupción

La Fiscalía Superior de Andalucía propone, entre las medidas “indispensables” para mejorar la respuesta institucional contra la corrupción, establecer un imperativo presupuestario de modo que los bienes incautados reviertan en los organismos encargados de combatir este fenómeno.

Así lo recoge la memoria de 2012 de la Fiscalía Superior de Andalucía, que considera que ese imperativo debería establecerse en términos análogos a los que aparecen en otros ámbitos de la actuación pública como la utilización de bienes y activos incautados en la lucha contra el narcotráfico.

Se trata de que esos bienes reviertan “obligatoriamente” en la dotación de aquellos organismos administrativos, policiales o judiciales que luchan contra la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, para lo que propone otorgar, “en todo caso y de forma pública y singularizada”, dotaciones presupuestarias suficientes para que ejerzan su labor de manera más eficaz.

En la memoria, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, entiende también que la promulgación de las denominadas leyes de transparencia a nivel estatal deben establecer un principio general de acceso a la información en la contratación, un marco legal de incompatibilidades que sea “claro y preciso” y un régimen sancionador que sea compatible y complementario con la actuación penal o contable.

Otra de las propuestas de la Fiscalía en la lucha contra la corrupción pasa por un replanteamiento de la regulación de los delitos societarios.

En su opinión, la percepción de grandes sumas por administradores, gerentes o directivos de corporaciones y sociedades es “completamente incompatible” con una pérdida de beneficios que determine el sometimiento a expedientes de regulación de empleo.

Defiende por tanto que se castigue como delitos todas aquellas conductas que evidencien una “clara voluntad apropiatoria” y que atenten contra el derecho al empleo y perjudiquen la viabilidad económica de empresas, sociedades o corporaciones.

Considera además “urgente” diseñar un régimen público para la administración judicial de situaciones de concurso e insolvencia con la activa participación del Ministerio Fiscal.

García Calderón reitera de nuevo la necesidad de crear un Observatorio contra la Corrupción como un órgano independiente, quizá encuadrado en la Fiscalía General del Estado o sometido al control parlamentario, con una dotación presupuestaria singularizada e integrado por expertos en la lucha contra la corrupción.

El observatorio debe servir para analizar el fenómeno de forma periódica, señalar sus causas, cuantificar los daños materiales que produce y establecer formulas más eficaces para combatirla.

Junto a ello, defiende la promulgación de un nuevo Código Procesal Penal que otorgue la instrucción al Ministerio Fiscal bajo la supervisión de un juez de garantías y con unidades adscritas de investigación criminal bajo su dependencia.

Esas unidades deberían estar integradas tanto por agentes de Policía Judicial especialmente cualificados como por otros funcionarios públicos, estatales o autonómicos dedicados a la fiscalización contable, el control de fondos públicos y de la contratación realizada por las administraciones.

Esta normativa procesal, señala la memoria, debe establecer “urgentemente una acotación temporal y flexible del proceso y, en especial, de la fase de instrucción”.

Para el fiscal superior de Andalucía, de no llevarse a cabo una actuación “lo suficientemente decidida y enérgica”, se corre el riesgo de incrementar una “sensación de impunidad” que serviría para extender comportamientos irregulares o corruptos.

La Fiscalía alude en la memoria a algunos de los casos de corrupción más significativos abordados en el último año, como el de Mercasevilla, el conocido como “caso Camas”, el asunto de Invercaria, el de los ERE fraudulentos o los relacionados con fraudes a la Seguridad Social en Granada, entre otras.

En el caso de los ERE recuerda que la Fiscalía Provincial de Sevilla advirtió en su momento de una “cierta ralentización de la instrucción por causas muy diversas”, y requirió su agilización.