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La Fiscalía advierte del uso de redes sociales como instrumento de violencia escolar
La Fiscalía Superior de Andalucía ha advertido del incremento de menores que usan las redes sociales como plataformas desde las que infringir violencia escolar a compañeros o conocidos.
La Memoria Anual de la Fiscalía Superior de Andalucía alerta de la proliferación de menores que usan redes sociales como Faceboock o Tuenti para ejercer una violencia escolar contra compañeros o conocidos.
Según subraya la memoria, las fiscalías de Cádiz, Granada o Córdoba han resaltado la importancia las redes sociales como “plataformas para la comisión de hechos delictivos” entre menores que comparten un círculo escolar.
Junto a este uso delictivo de las redes sociales, la Fiscalía ha advertido -lo recoge el Ministerio Público cordobés- de que muchos menores de 14 años cuentan con perfiles a pesar de estar prohibido y sin la oposición de sus padres por una “aceptación generalizada” de que esta práctica no conlleva peligros.
La memoria anual observa además un “aumento” del uso de estos medios tecnológicos para llevar a cabo conductas delictivas contra profesores.
En cuanto a la violencia contra profesores o personal de centros de reforma o de protección de menores, la Memoria destaca el aumento de casos de agresiones a educadores y trabajadores, especialmente de centros de menores extranjeros, como ha apuntado la Fiscalía de Almería.
Ante este tipo de agresiones, la Fiscalía de Cádiz ha propuesto la contratación de equipos de mediación para reducir la conflictividad, que en ocasiones se ve incrementada por el “temor del profesorado” a denunciar para evitar represalias.
El Ministerio Público de Córdoba ha relacionado estas conductas delictivas con que la mayoría de los centros de atención a menores no cuentan con una gestión pública -salvo el centro de reforma San Francisco de Málaga-, por lo que las agresiones se tipifican como faltas y no como agresión a un funcionario público.
Dentro de los delitos de violencia escolar, en los que la Fiscalía incluye las amenazas, lesiones o vejaciones cometidas en el ámbito de un centro educativo, la memoria anual del Ministerio Público destaca la “progresiva disminución” de estos delitos, que son cometidos por un perfil de menores procedentes familias estructuradas.
La Fiscalía Superior recalca que, tras la firma de un convenio con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, los centros se han involucrado más en la resolución de estos conflictos en el entorno de las aulas para evitar así una judicialización excesiva.
