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La Fiscalía pide que el Código Penal aumente las penas por delitos patrimoniales
La Fiscalía Superior de Andalucía ha propuesto una modificación en el Código Penal dirigida a incrementar de manera “racional” las penas de cárcel previstas para los autores de delitos patrimoniales y ha incidido en la necesidad de proteger “con mayor eficacia” los bienes culturales.
El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha solicitado una nueva regulación penal para los daños sobre el patrimonio cultural con el objetivo de garantizar “con mayor eficacia” los bienes con valor cultural.
Esta modificación representa la única propuesta de reforma legislativa que ha formulado la Fiscalía Superior andaluza en su Memoria anual de 2012.
La petición recuerda que la modificación se ha reivindicado durante las dos últimas décadas por la “insuficiente y defectuosa” regulación de los delitos sobre patrimonio que recoge el Código Penal de 1995.
García Calderón ha incidido en que “necesitamos proteger con mayor eficacia nuestros bienes culturales” por el desarrollo económico y social que representan y como matriz del turismo cultural que ha permitido “encontrar nuevos caminos de prosperidad”.
La Fiscalía Superior ha calificado como “francamente escasos” los resultados de la aplicación de la actual legislación, por lo que ha insistido en la “necesidad de llevar a cabo una elevación racional de las sanciones” por delitos contra el patrimonio, castigadas a veces “por debajo de las multas” que establece la legislación cultural.
El Ministerio Público ha pedido la creación del concepto jurídico penal de “valor incalculable” al considerar que muchos de los bienes patrimoniales no pueden valorarse económicamente.
Además, la Fiscalía Superior de Andalucía ha solicitado modificar el texto actual para que incluya, junto a los edificios, otros inmuebles culturales como pueden ser acequias, yacimientos arqueológicos u otras manifestaciones culturales.
La Fiscalía ha considerado necesario imponer penas de dos a seis años de prisión para los autores de derribar o alterar inmuebles singulares protegidos, frente a las penas actuales que oscilan entre los seis meses y los tres años.
En la misma línea, el Ministerio Público ha apostado por imponer penas de uno a tres años de cárcel para los funcionarios o autoridades que informen del derribo de edificios, frente a las condenas de entre seis meses y dos años actuales.
García Calderón ha considerado “evidente” que “no son éstas las únicas reformas que resultan necesarias” por lo que ha recomendado una reordenación sistemática de los capítulos destinados a delitos patrimoniales, aunque ha subrayado que la revisión del Código Penal supondría un “notable avance”.
