El juez da la razón a la Diputación por el contencioso impuesto por Armilla por la deuda con RESUR

Condena al Consistorio además al pago de las costas, según ha anunciado hoy el vicepresidente segundo José Robles que ha solicitado “al alcalde de Armilla, a la alcaldesa de Órgiva, a los alcaldes de Maracena, Baza, Padul y Cúllar Vega, que son los que tienen recurrida la ordenanza de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que dejen de torpedear a este equipo de Gobierno” y “se dediquen a resolver los problemas de los ciudadanos, que son muchos”

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 ha desestimado el recurso de impugnación presentado por el Ayuntamiento de Armilla contra el sistema establecido por la Diputación Provincial para el cobro de la deuda de 1.106.772 euros que el Consistorio armillero acumulaba con el extinto Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de Granada (RESUR). Esta resolución tomada por el actual equipo de Gobierno provincial tomada en julio de 2012 sentaba las bases para que dicha deuda pudiera liquidarse a través de la retención de las cuantías de la participación en los tributos de la Junta de Andalucía.

La sentencia que desestima el recurso de Armilla, hecha pública hoy en rueda de prensa por el vicepresidente segundo y diputado delegado de Medio Ambiente, José Robles, condena a las costas al municipio lo que se traduce en que “por culpa de la estrategia de acoso y derribo de los socialistas granadinos contra la Diputación, y de que Gerardo Sánchez sigue las directrices de su partido anteponiéndolas a los intereses de sus vecinos, a los armilleros les costará más de 20.000 euros el que su alcalde esté a disposición de Teresa Jiménez”, secretaria provincial del PSOE.

Esta sentencia será “la primera de muchas” dados los recursos interpuestos por otros ayuntamientos en los que el PSOE asume tareas de Gobierno contra la Diputación Provincial a cuenta de la deuda que mantienen por el tratamiento de residuos sólidos urbanos. El vicepresidente segundo ha hecho un llamamiento a estas corporaciones locales para que no sigan esta senda de reclamaciones judiciales y les ha reclamado que “controlen sus cuentas y empiecen a pagar lo que deben” pues ya “se lo han cobrado a los ciudadanos”.

“Hoy queremos decirle al alcalde de Armilla, a la alcaldesa de Órgiva, a los alcaldes de Maracena, Baza, Padul y Cúllar Vega, que son los que tienen recurrida la ordenanza de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que dejen de torpedear a este equipo de Gobierno” y “se dediquen a resolver los problemas de los ciudadanos, que son muchos”, ha afirmado el vicepresidente Robles que ha enfatizado que Armilla contó durante seis años con el vicepresidente primero de esta Institución mientras iba generando una deuda que hoy está próxima al 1,5 millones de euros consecuencia de que el municipio, desde que se creara el extinto Consorcio de Residuos Sólidos en 1999, “nunca ha pagado la totalidad de un año” por el tratamiento de residuos sólidos.

El que hoy es su alcalde, Gerardo Sánchez, firmó un convenio en 2010 con el entonces presidente Antonio Martínez Caler “cuya realidad no se niega”, como se pone de manifiesto en la sentencia de la magistrada titular del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Granada que resalta además que “debemos dejar constancia del reconocimiento de deuda por parte del Ayuntamiento demandado que, si bien discrepa en la cuantificación de la misma, no niega haber acumulado un débito frente al Consorcio”.

Siendo ya viceportavoz del grupo socialista en Diputación, Gerardo Sánchez, propuso un convenio que “nunca vino” cuando fue nombrado alcalde, ha explicado Robles que ha criticado que la primera decisión del flamante alcalde tras auparse a la Alcaldía de Armilla fuera poner este recurso hoy desestimado por los tribunales “después de poner varios sueldos de 50.000 euros, entre ellos el suyo”.

“Es todo de una desvergüenza política y económica que no tiene nombre”, ha concluido Robles remarcando que el Ayuntamiento de Armilla “que prácticamente toda su historia ha estado gobernado por el PSOE” está sumido en “un auténtico caos”.

El equipo de Gobierno de la Diputación afrontó la delicada situación en la que los dirigentes socialistas dejaron en el anterior mandato la gestión de los residuos sólidos urbanos en la provincia. Así, se procedió a la disolución del Consorcio Provincial de Residuos Urbanos RESUR de Granada que mantenía una deuda con la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) que a finales del año 2012 ascendía a los 24,9 millones de euros. A su vez, los municipios mantenían una deuda con el propio consorcio la cual se cifró en 25 millones de euros.

Estos impagos se han ido acumulando a lo largo de los años y en julio de 2011, cuando llega el actual equipo de Gobierno a la Diputación Provincial, la deuda con la empresa era de 24.272.000 euros y la de los ayuntamientos, mayoritariamente del PSOE y, por tanto, de las mismas siglas políticas que los anteriores gobiernos provinciales, se cifraba en 21,5 millones de euros en esa misma fecha.

La deuda de RESUR pasó de 3 millones de euros en 2003 a 22 millones de euros en 2011. Cada mes ascendía otros 360.000 euros de modo que se calcula que podría haber rondado los 40 millones de euros el 31 de diciembre de 2014.