La Fiscalía Superior archiva el caso de la supuesta financiación ilegal del PP en Atarfe

La Fiscalía Superior de Andalucía ha decretado el archivo de la investigación de la supuesta financiación ilegal del PP en Atarfe, que se abrió después de que un empresario asegurara que él y otros habían pagado actos electorales del partido en el municipio, entre ellos un mitin de Soraya Sáenz de Santa María, a cambio de futuros favores o ayudas.

En el decreto de archivo, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal superior, Jesús García Calderón, entiende que no ha quedado acreditada de manera suficiente la aparición de indicios de criminalidad en los hechos, teniendo en cuenta las “contradicciones” de los empresarios implicados y la falta de facturas que acrediten económicamente los favores prestados.

Las diligencias de investigación penal se abrieron el pasado 17 de mayo, después de que la unidad de Policía Judicial informara a la Fiscalía de que un empresario había hecho unas declaraciones en una cadena de radio en las que habría confesado haber financiado irregularmente la campaña electoral del PP en Atarfe durante los últimos comicios de 2011. Al día siguiente, otro empresario se manifestó en términos similares señalando que había contribuido con una aportación en especie valorada en 4.000 euros para establecer buenas relaciones con el entonces candidato por el PP en Atarfe, José Manuel Aranda, por si ganaba las elecciones, lo que finalmente no sucedió.

Así, el Ministerio Público comenzó a indagar para determinar la relevancia jurídica que pudieran tener los hechos y aclarar la competencia del asunto si finalmente resultara necesario el ejercicio de acciones legales, y ordenó a la Policía Judicial que realizara un informe sobre los hechos.

Los investigadores tomaron declaración a las personas relacionadas con el asunto y recabaron documentación y facturas de las empresas, y apuntaron las “contradicciones o retractaciones sustanciales” de los testimonios de los empresarios con respecto a las entrevistas que habían hecho en la radio. En términos generales, señalan que “sólo ha podido establecerse” que tuvo lugar la cesión de una carpa y de un escenario que fueron instalados de forma provisional en un paseo de Atarfe para albergar el acto de presentación de la candidatura del PP a las elecciones municipales, cesión que se hizo “de forma desinteresada” por uno de los empresarios, militante a su vez del partido.

De otra parte, en cuanto a la alusión al trato de favor que podrían haber obtenido los empresarios a consecuencia de sus “aportaciones”, la Policía Judicial sostiene en su informe que “tampoco hay constancia” de ello, y recuerdan que las manifestaciones de los empresarios en la radio fueron “genéricas”, con lo que los hechos “carecen de la concreción suficiente que requiere en todo caso el ejercicio de cualquier acción legal de naturaleza sancionadora, máxime cuando tiene naturaleza penal”.

“INCONCRETO”

Así, la Fiscalía considera que la Policía Judicial expone “con toda claridad”, que “no quedaría acreditada de manera suficiente la aparición de indicios de criminalidad” y comparte su criterio “por varias razones”, entre ellas la retractación de los empresarios, la falta de soporte documental suficiente en forma de facturas que acredite la ayuda prestada en la campaña, lo “inconcreto” del supuesto trato de favor, o “la existencia de situaciones conflictivas” entre algunas de las personas afectadas.

Asimismo, en lo que respecta a una posible vulneración de la Ley de Financiación de los partidos políticos, el informe recoge que no puede determinarse si los hechos pueden vincularse con un incumplimiento de la normativa al respecto, “ante la dificultad de diferenciar con suficientes garantías” lo que se denomina la prestación de servicio de forma altruista con las operaciones asimiladas.

“El carácter esporádico de la aportación realizada, las condiciones en las que ésta tiene lugar, la vinculación familiar acreditada con una de las personas integrantes de la lista electoral o la necesidad, a juicio de este fiscal, de que cuente el compromiso contraído con una cuantificación económica acreditada de manera que suponga una merma material apreciable para el que la realiza, son circunstancias que parecen alejar la conducta investigada y que ha podido finalmente acreditarse, de las situaciones de responsabilidad contable”, mantiene García Calderón, que sin embargo acuerda remitir el decreto al fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, aunque sin necesidad de aportarle la documentación policial.

Finalmente, el fiscal superior ve necesario proceder al archivo de las actuaciones, “sin perjuicio de que éstas puedan reabrirse si aparecieran nuevos elementos de prueba”.