La Diputación dice adiós a su plan de ajuste

La Diputación de Granada celebra este lunes pleno provincial en el que prevé ratificar la suspensión de la vigencia del plan económico y financiero tras la consecución de la estabilidad presupuestaria, lo cual va a suponer “la reposición de las ayudas sociales que hasta ahora estaban suspendidas” para funcionarios y empleados públicos de la Diputación Provincial.

Como ha explicado el portavoz del equipo de gobierno en la institución, José Torrente (PP), partiendo de un balance negativo el año pasado de 29 millones de euros, “hemos pasado a equilibrar los gastos y los ingresos” lo que supone un equilibrio fiscal que permite suspender este plan que se implementó para conseguir los objetivos que marca la legislación en vigor tanto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como de la Unión Europea los cuales la administración provincial ya cumple, según el informe de Intervención que, como cada trimestre, verá el pleno el próximo lunes.

Además de la recuperación de las ayudas sociales de los funcionarios y trabajadores de la institución, la suspensión del plan económico y financiero supondrá también que los proyectos de la Diputación destinados a los pueblos de la provincia puedan contar con financiación externa a través de préstamos bancarios.

Las soluciones a la problemática de algunas carreteras de la provincia también tendrán un lugar destacado en el pleno que, como ha recordado Torrente, se ha atrasado hasta este lunes para que la corporación provincial pudiera estar en la inauguración de la Feria del Ovino Segureño de una comarca como la de Huéscar este pasado jueves. Diputación conocerá las correspondientes modificaciones presupuestarias para dotar con 110.000 euros a la delegación de Medio Ambiente para la construcción de la balsa de lixiviados de la planta de Alhendín, y con 250.000 euros a la delegación de Fomento para la resolución de los problemas del puente de Deifontes por vía de urgencia.

“Es un problema que afecta a la movilidad de las personas y a su día a día especialmente ahora que llega la temporada de la recogida de aceitunas”, ha reconocido José Torrente, que ha incidido en que “la primera visita a Deifontes se produjo el mismo día de la inundación, y desde entonces las visitas de los técnicos han sido continuas y constantes, vigilando el estado del pilar del puente” que, una vez que se ha podido confirmar que tiene “daños irreversibles”, ha propiciado esta tramitación de urgencia.

El pleno también ratificará el recurso especial en materia de Contratación contra el acuerdo de la Asamblea del Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira relativa a la adjudicación del contrato para la gestión de la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Dicho acuerdo puede ser lesivo para los intereses de la Diputación además de haberse contemplado que el consorcio que preside el alcalde de Maracena, Noel López, ha incoado el correspondiente expediente sin la memoria exigida legalmente y sin la previsión en el mismo del recurso especial en materia de Contratación.

Por todo ello el equipo de gobierno provincial impulsa este recurso que “va a tener la ratificación del pleno” como ha adelantado el portavoz que ha indicado que “no vamos a aceptar todo el potencial que tiene el consorcio para establecer una Diputación paralela”.

“Noel López ha utilizado este instrumento para confrontar con Sebastián Pérez y el equipo de Gobierno de la Diputación”, ha aseverado hoy José Torrente que ha señalado que el dirigente socialista “tendrá ganas de figurar y de aparecer en televisión pero lo que no vamos a permitir es que los procedimientos que inicia para la contratación de un socio privado no observen la legalidad vigente” como ocurriría, ha añadido el portavoz, con este acuerdo del consorcio Vega Sierra Elvira que “es un disparate jurídico de dimensiones colosales”.

“Nosotros ya anunciamos que el socio privado al que se iba a adjudicar este contrato tenía nombres y apellidos” y “el tiempo nos ha dado la razón”, ha concluido Torrente que “dado que no se nos ha atendido en la vía administrativa acudimos a la vía jurisdiccional”.