Al menos tres empresas, dos de ellas con domicilio en El Puerto de Santa María, Cádiz, y otra en Granada, han estafado a los ciudadanos de la provincia de Cádiz un millón y medio de euros en revisiones ilegales de sus instalaciones de gas.
El delegado de la Junta de Andalucía, Fernando López Gil, ha informado hoy de que la administración autonómica tiene “cientos de denuncias” con facturas irregulares que van desde los 80 hasta los 500 euros y que afectan tanto a colectivos sociales con nivel educativo alto como a personas mayores con sus capacidades psíquicas mermadas y pocos recursos económicos.
La Junta ha aplicado ya medidas sancionadoras a dichas empresas por valor de 264.000 euros que, según indica el delegado, es el máximo que podían aplicar tanto por falsedad documental como por fraude.
Sin embargo, dichas sanciones, presupone López Gil, serán “difíciles de cobrar”, ya que en la mayoría de las ocasiones son empresas unipersonales con un capital social de 3.000 euros que, además, los estafadores, que forman parte de una red nacional, disuelven rápidamente una vez que tienen conocimiento de los requerimientos de la administración autonómica.
La forma de operar de los timadores, muchos de los cuales tienen antecedentes penales y grandes habilidades para el hurto, es acceder a la vivienda con la excusa de revisar la instalación del gas, butano o ciudad, para lo que cuentan tanto con logotipos de la Junta de Andalucía en su indumentaria como con documentación sellada previamente en un registro notarial.
Además, portan un TPV para “facilitar” el cobro a quienes argumentan no disponer de la cantidad requerida en su domicilio en ese momento.
Tras la inspección, en la que a veces deterioran ellos mismos la instalación, informan al cliente de la obligatoriedad del cambio de elementos como el tubo de conexión o la válvula de control.
Si la persona se niega, le amenazan con que le van a quitar el certificado o, incluso, que les van a cortar la conexión.
Ante la gravedad de la estafa en la provincia, la delegación de la Junta en Cádiz, además de alertar a la ciudadanía, va a convocar una mesa de coordinación con otras administraciones, como Hacienda, Guardia Civil, que también investiga estos hechos, Policía Nacional y los responsables de Consumo e Industria de la Junta de Andalucía.
Entre las recomendaciones a los ciudadanos se incluyen que desconfíen de visitas inesperadas, si no lo han solicitado previamente o ha sido la misma empresa que te proporciona el suministro la que se ha puesto en contacto previamente con el cliente.
Recuerdan que en el caso del gas butano las revisiones en la instalación han de hacerse cada cinco años y cambiar el tubo de conexión cuando esté próxima la fecha que caducidad que aparece inscrita, mientras que en el del gas ciudad es la propia empresa suministradora la responsable de realizar la inspección, que cobrará en un factura posterior, nunca en el propio domicilio, y por un valor que ronda entre los 50 y los 70 euros.