El Defensor del Ciudadano en Granada, Manuel Martín, ha reclamado la puesta en marcha de un plan de choque para paliar las carencias de la salud mental derivada de la falta de recursos, tanto sanitarios como sociales, denunciando de este modo el “desamparo” que sufre este colectivo y sus familiares ante el “desgaste” que supone cuidarlos en casa.
Martín ha realizado este llamamiento a las administraciones públicas a raíz de las constantes quejas que se presentan en la Oficina del Defensor por parte de familiares de enfermos mentales y advierte de que la Ley de Dependencia “no suele tenerlos en cuenta”, pues el baremo de valoración del grado y nivel de dependencia “no se adapta bien a este tipo de enfermos”.
A su juicio, esta normativa se diseñó en gran medida para medir la autonomía física y “el resultado es que no se conceden ayudas en la mayorías de los casos” o, en otros, se produce la aprobación de un grado de dependencia muy moderado, por lo que apenas puedan acceder a los recursos.
“Como defensor, conozco de primera mano historias desgarradoras que revelan el calvario por el que pasan bastantes familias”, ha explicado Martín, quien ha precisado que en Granada existen 9.000 enfermos mentales graves de los 20.000 que hay en Andalucía y más de la mitad de los que necesitan tratamiento no lo reciben.
Además, ha informado de que actualmente el 35 por ciento de las personas sin hogar son enfermos mentales, mientras que entre el 20 y 30 por ciento de los presos también tienen este problema.
Escucha al defensor del Ciudadano de Granada, Manuel Martín.
El Defensor del Ciudadano en Granada ha expuesto que, aunque la reforma psiquiátrica de los años 80 eliminó los manicomios por “aberrantes”, se dejó el problema en manos de las familias, en lugar de crear una red adecuada de centros y unos recursos suficientes y garantizados.
“La verdadera reforma psiquiátrica la están haciendo las familias y esto cuando las hay, pues a falta de padres, hermanos o amigos que puedan de verdad responsabilizarse de ellos el desamparo campa a sus anchas y el enfermo deambula en su propio laberinto”, ha lamentado.
Asimismo, ha hecho hincapié en que este colectivo sufre una doble discriminación, ya que por un lado no pueden acceder a los llamados recursos normalizados por ser enfermos mentales, y por el otro no hay recursos eficientes para ellos.
Así por ejemplo, “lograr una cama de larga estancia en una comunidad terapéutica resulta del todo complicado”, pues hay enfermos propuestos por los servicios de salud mental para ingresar en un centro que “esperan dos, tres e incluso más años”, un tiempo a su juicio “descabellado” en el que el deterioro del paciente “va en aumento”.
Por todo ello, el Defensor del Ciudadano en Granada, que ha comparecido junto a una familiar de un enfermo mental que ha expuesto su caso, ha querido hacer un llamamiento a las administraciones públicas y a la sociedad en general para que se tomen medidas de apoyo a este colectivo y para acabar con la “discriminación” de la que es objeto.