Los trabajadores de Transportes Rober, concesionaria del servicio de autobuses urbanos en Granada capital, “lucharán” por el mantenimiento del empleo y de los salarios cuando se aplique el nuevo Plan de Movilidad impulsado por el Ayuntamiento, que supondrá un recorte de 2,6 millones de euros de la aportación al servicio entre 2014 y 2015.
El presidente del comité de empresa de Rober, Francisco Barranco (CCOO), ha explicado a Europa Press que el nuevo plan supondrá una reducción de 600.000 kilómetros anuales, lo que conllevará una merma del servicio y del número de autobuses, por lo que “habrá calles principales de la ciudad por las que dejarán de pasar los autobuses”.
Esto afectará especialmente a su juicio a las personas mayores y de movilidad reducida, pues con el nuevo sistema, en el que se instalarán las llamadas Líneas de Alta Capacidad (LAC), será necesario hacer varios transbordos para trayectos que ahora no lo precisan.
De hecho, desde CCOO, que preside el comité de empresa de Rober, se va a iniciar una campaña informativa dirigida a la población para explicar los pormenores del nuevo plan que se pretende implantar y las consecuencias que tendrá para el servicio.
En lo que compete a los trabajadores, Barranco explica que existe un compromiso por parte de la empresa y el Ayuntamiento para que se respeten los empleos, aunque los trabajadores temen que se pretendan acometer reducciones salariales cuando ya “llevan varios años perdiendo poder adquisitivo”.
Así, ha recordado que la plantilla mantiene el salario congelado desde hace dos años, han perdido el plus de festivos y los picos de jornadas que se les pagaban cuando excedían su horario laboral por tener que acabar el recorrido en la cabecera de la línea; además de aceptar otras medidas de flexibilización de jornada, todo ello para “amortiguar” los recortes que se han ido produciendo en la aportación económica al servicio y evitar los despidos.
En la última reunión mantenida con la empresa, se les planteó la posibilidad de que el último convenio colectivo firmado entre las partes, cuya vigencia se limita al presente año a la espera de que se produzca la reestructuración del servicio de transporte, se prorrogue hasta que se implante el nuevo sistema, algo que desde el comité de empresa “no ven mal” en cuanto que se mantiene el salario y el empleo.
No obstante, los trabajadores advierten de que van “a pelear” para que no se produzcan nuevos recortes salariales y se busquen fórmulas para evitar la reducción de plantilla, ya sea mediante la incorporación de conductores al puesto de inspectores de las LAC, siendo absorbidos como trabajadores del metro o mediante cualquier otra vía.