El PP vuelve a pedir explicaciones al PSOE por la huelga de basuras y su posible relación con los ERE falsos

El PP de Granada ha vuelto a pedir este lunes explicaciones al PSOE y a su secretaria general en la provincia, Teresa Jiménez, sobre la resolución de la huelga de basuras de 2005 y su posible relación con los ERE falsos, después de que cuatro trabajadores de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) hayan remitido una denuncia al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por un posible delito continuado de malversación de caudales públicos y de otro de apropiación indebida, porque, según aseguran, no recibieron los aumentos salariales acordados con el fin del conflicto.

En rueda de prensa, la parlamentaria andaluza del PP Marifrán Carazo ha considerado que esta nueva noticia “pone de manifiesto que la situación es complicada para el PSOE” y ha criticado que Jiménez “mire para otro lado” en lugar de explicar si se dieron o no fondos “indiscriminadamente” a través de ERE falsos con “intrusos” en este expediente vinculado a la huelga de basuras, que “se tiene que investigar”. Carazo ha reclamado al PSOE de Granada que “clarifique” si las dos empresas implicadas en la huelga, FCC y CESPA, recibieron fondos públicos para unos “fines que son impropios”, para “tapar socialmente una huelga”, enmarcados además en la investigación que lleva a cabo la juez Mercedes Alaya en Sevilla. “Queremos que se investigue porque ya son muchas las denuncias vinculadas con esa huelga que nos hacen ver que ha habido irregularidades”, ha indicado.

Así, ha censurado que mientras los trabajadores están hablando del asunto y habla también el PP, el PSOE “mantiene el silencio”. “A ver si ya se pronuncia y entiende que ya hay una gravedad aún mayor que se suma a todas las dudas e incógnitas que genera este expediente”, ha concluido la parlamentaria.

La denuncia de los trabajadores, publicada este fin de semana por Europa Press, se presentó a finales del mes de septiembre y recoge lo publicado en los medios de comunicación acerca del conflicto, concretamente la concesión irregular de unos fondos por parte de la Junta de Andalucía para el pago de una equiparación salarial a los trabajadores de las empresas FCC y CESPA S.A. a fin de que se desconvocase la huelga.

Para el abono de esas cuantías, por orden del entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, la Junta de Andalucía entregaría a FCC la cantidad de 452.000 euros y a CESPA igual importe con el fin de que cada empresa abonase a sus trabajadores la totalidad de los aumentos lineales pactados según el convenio provincial, un acuerdo que se firmó entre todos los implicados el 10 de junio de 2005, en la Delegación Provincial de Empleo de Granada.

Según los denunciantes, que forman parte del comité de empresa como miembros independientes (del sindicato CCOO), muchos de los trabajadores no han percibido cantidad alguna y otros de manera parcial. Uno de los trabajadores que denuncian, que era entonces el presidente del comité de empresa, asegura que él sí ha cobrado pero que solicitó a los responsables de su sindicato el listado de empleados que se entregó a Guerrero para proveer los fondos y que no se lo entregaron.

Así, presuntamente los 452.000 euros que percibió FCC de la Junta de Andalucía no habrían ido a parar a los aumentos salariales de los empleados. De hecho, se calcula que al menos una veintena de ellos o bien han cobrado parte de los importes o no han cobrado nada en absoluto, entre ellos del servicio de limpieza de Atarfe, del de Churriana de la Vega, de la provincia de Granada, de Santa Fe, o de las oficinas, sede de la sociedad.

Por ello, los trabajadores, representados por el abogado Félix Ángel Martín García, piden a la juez Mercedes Alaya que admita su denuncia por si los hechos fuesen constitutivos de un delito continuado de malversación de caudales públicos así como de apropiación indebida.

Solicitan que se recabe el testimonio directo de los denunciantes, así como de la empresa la documentación acreditativa de la plantilla existente durante la vigencia del acuerdo y duración del mismo, y se reciba declaración a los trabajadores posiblemente afectados y a cuantos asimismo resulten de la investigación que se solicita sirviéndose en su caso reclamar en su beneficio lo no abonado.