El Ayuntamiento de Granada ha dado hoy de plazo hasta final de año a la Junta de Andalucía para concretar mediante un acuerdo la deuda histórica que la administración autonómica tiene contraída con el municipio y que, de no producirse, provocaría el embargo de algunos bienes del Gobierno andaluz.
Así lo ha anunciado hoy el concejal de Economía y Hacienda del consistorio, Francisco Ledesma (PP), quien ha avanzado el resultado de la reunión que ayer mantuvieron ambas instituciones en una comisión técnica formada por funcionarios con la que van a intentar “limar asperezas” en este asunto.
El edil ha cifrado en 15 millones de euros, además de recargos e intereses, la deuda que la institución autonómica tiene contraída con el consistorio granadino, de la que al menos 4 millones de euros pertenecen al impago del Impuesto de Bienes e Inmuebles.
Ledesma ha censurado esta actitud, que ha calificado de “deslealtad” institucional, al mismo tiempo que ha dicho que es preferible no enturbiar la comisión y el buen clima que no había antes y que ahora sí existe.
Ha valorado el hecho de que se hayan reconocido cantidades que antes no estaban contempladas en la deuda de la Junta, aunque ha recordado que el margen para alcanzar un acuerdo expirará a final de año.
Si no se llega a un pacto, el consistorio granadino mantiene que está en disposición de embargar determinados bienes del patrimonio de la Junta que no estén afectados por servicios públicos.
Con la llegada de Susana Díaz a la presidencia de la Junta, ha indicado Ledesma, se ha reactivado la comisión que había quedado paralizada tras el cambio de Gobierno: “No queremos que sean maniobras de dilatación para que sigamos alargando esto”.
Las negociaciones se han retomado después del “guante” que el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, lanzó a la delegada del Gobierno, Sandra García, para alcanzar un acuerdo.
El edil ha hecho estas afirmaciones a los periodistas durante el desarrollo del pleno ordinario de octubre, en el que el Gobierno local del PP ha aprobado, únicamente con sus votos, las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio.
Mientras Ledesma ha defendido que contemplan una congelación de impuestos como el IBI y bonificaciones para ciudadanos y empresas, la oposición ha criticado que recogen un aumento de tasas al incrementarlas en el IPC interanual.