La Junta destina 3,7 millones a ayudas económicas en Granada para familias sin recursos

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha destinado, tras celebrarse una nueva reunión de la comisión de valoración, un total de 3,7 millones de euros a familias sin recursos económicos de la provincia de Granada. Lo ha hecho a través del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, más conocido como Salario Social, que permite a unidades familiares percibir el Ingreso Mínimo de Solidaridad durante seis meses.

Esta partida económica viene a sumarse a las aprobadas a lo largo del presente año 2013, superando ya los 11,4 millones de euros. La comisión está integrada por miembros de los sindicatos, empresariado, Diputación y diversas áreas dependientes de la Junta de Andalucía.

En ella se han dado cuenta de los expedientes aprobados para los próximos seis meses, en total 1.553 familias, con cuatro miembros de media por familia (alrededor de 6.000 personas). El delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Granada, Higinio Almagro, ha destacado “el gran esfuerzo y compromiso del Gobierno andaluz, por mantener políticas sociales a la vez que favorece la búsqueda activa de trabajo de los colectivos más vulnerables de nuestra provincia”.

Ingreso Mínimo de Solidaridad

El Ingreso Mínimo de Solidaridad es una prestación económica destinada a garantizar la inserción social de aquellas personas y unidades familiares que por carecer de recursos económicos suficientes no puedan atender sus necesidades básicas. La cuantía será equivalente al 62% del SMI actual, para personas individuales, más un complemento del 8% del SMI aplicable por cada miembro de la unidad familiar. Ésta ayuda tiene una duración de seis meses no prorrogables.

El cobro de la ayuda llevará aparejado el apoyo personal y la atención individualizada, por parte de los Servicios Sociales, en función de las necesidades del beneficiario y de su familia, así como el compromiso por parte del mismo de participar en las actividades definidas como necesarias para su inserción social.

La comisión, celebrada el pasado viernes, ha aprobado los diferentes compromisos de inserción que deben cumplir los beneficiarios del mismo, en concreto relativos a la escolarización y asistencia regular a clase, a asistencia a cursos de educación de adultos; al control sanitario familiar, a mejorar las condiciones de las viviendas; a participar en los proyectos de economía social y de inserción, y a asistir a acciones formativas adecuadas para potenciar sus posibilidades de inserción laboral. Las familias con medidas suponen cerca del 50% del total.

Urgencia social

Periódicamente se llevan a cabo reuniones con los directores de centros sociales de la provincia y coordinadores del programa de salario social, en las que se establecen los criterios de urgencia social que llevan a las administraciones a agilizar los procedimientos para hacer efectivas estas ayudas, como por ejemplo la posibilidad de desahucio de la vivienda por el impago de varios meses de alquiler o préstamo hipotecario con apercibimiento de la entidad bancaria correspondiente; existencia de problemas graves de salud de la persona que sustente la unidad familiar; situaciones de realojo de urgencia, etc. En estos casos, la resolución del expediente se hace de manera casi inmediata.