La concejala de Cultura de Cenes de la Vega dimite tras ser condenada por estafa

La concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Cenes de la Vega, María Isabel Espinar (PP), ha presentado este miércoles su escrito de dimisión tras ser condenada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada a dos años de prisión por estafar a una vecina en la venta de un garaje y un trastero.

Así lo ha explicado a Europa Press el alcalde de Cenes, José Julián López Montes (PP), después de haber mantenido esta mañana una reunión con Espinar en la que ella “se ha ofrecido voluntariamente a entregar su acta de concejal para no interferir en la vida política del pueblo”.

Su puesto será ocupado, una vez que se acometan los trámites necesarios, por el siguiente en la lista electoral que el PP de Cenes de la Vega presentó en los pasados comicios municipales, Jesús Medina Lozano, según ha detallado el regidor.

López Montes ha enmarcado los hechos que han generado esta condena “en un tema de la vida privada” de esta edil antes de que formara parte del equipo de gobierno local y a raíz de una operación mercantil en la que, según ha dicho, cada parte “tiene su versión”, aunque desde el Ayuntamiento se respeta el fallo judicial.

En la sentencia constan como hechos probados que la procesada, “con el propósito de ver incrementado de forma ilícita su patrimonio”, suscribió el pasado 1 de julio de 2009 un contrato de compraventa con una vecina, para venderle un garaje a 6.000 euros y un trastero a 3.000 que eran propiedad de su hermana, que desconocía el acuerdo.

Del total del precio fijado (9.000), la mujer entregó 8.000 euros a Espinar, quedando el resto aplazado hasta la elevación del contrato a escritura pública.

Sin embargo, las propiedades tenían cargas pendientes. Sobre el garaje constaban dos hipotecas, una de ellas hasta 2036, y el trastero también estaba hipotecado hasta la misma fecha, circunstancias que la acusada ocultó, según consta en el fallo, notificado el pasado 28 de octubre.

Además de la pena de dos años de cárcel, la procesada también ha sido condenada a la privación del derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo y tendrá que pagar a su víctima una indemnización de 8.000 euros.