Armilla denuncia al exalcalde Ayllón por contratar a dedo una auditoría municipal

El pleno del Ayuntamiento de Armilla ha aprobado emprender acciones legales contra el exalcalde popular Antonio Ayllón por un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos. Se le acusa de haber contratado a dedo una auditoría municipal por casi 120.00 euros cuando tendría que haber convocado un concurso público.

Votaron a favor los concejales del grupo municipal socialista, del concejal de IU, Rafael Muñoz Criado, y el del edil José Luis Castillo. Los seis ediles del Partido Popular y el concejal Juan Manuel Fernández votaron en contra. Los tres concejales de UPyD se abstuvieron por entender que primero se debe demostrar que se ha causado daño.

La portavoz del grupo municipal socialista, Dolores Cañavate, repasó los hechos que se remontan a 2011, cuando el popular Antonio Ayllón era alcalde y realizó un contrato con la empresa Consultoría Lumínica, S.L. para una auditoría.

Según la portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Ayllón encargó siendo alcalde a la licitada empresa a un informe sin el preceptivo expediente de contratación, «cuando debía tratarse de un concurso abierto». Cañavate denunció que se suscribió un contrato prescindiendo del procedimiento normal, lo que es «oneroso» para el Ayuntamiento, además de no haber «cuidado la legalidad vigente, un claro caso de «malversación de fondos públicos».

La edil recordó que se entregó un ‘pen drive’ con la información a los técnicos y que la auditoría se encargó y recepcionó en el Ayuntamiento. Criticó asimismo el elevado precio de la misma, por un importe de casi 120.000 euros, cuando se podía haber hecho en la Diputación de forma gratuita.

El edil José Luis Castillo reiteró que la empresa ha enviado una factura al Ayuntamiento por valor de «veinte millones de las antiguas pesetas» por una auditoría energética de alumbrado público, por la que el Ayuntamiento se comprometía a facilitar a la empresa información sobre el suministro y coste del mismo.

Castillo aseguró que Ayllón llevó a cabo una adjudicación «a dedo» a espaldas a los funcionarios, sin informes de intervención ni de la secretaría y sin respetar ni la legalidad, ni los procedimientos, cuando por la cuantía -120.000 euros- se tenía que haber hecho. Por esa razón el edil aclaró que su voto era a favor de que se iniciase el expediente informativo sobre el convenio suscrito por el exalcalde popular, al vulnerarse los procedimientos de concurso abierto. El alcalde Gerardo Sánchez (PSOE) declaró que el coste de la auditoría, de 119.209 euros, debía estar sujeto a un proceso de concurso abierto. Calificó asimismo la situación de difícil de defender y de “grave” ya que no se ha seguido el procedimiento que exige la ley, y ante un suceso de estas características el alcalde tiene la obligación de abrir un expediente informativo.

Mantuvo que la situación legal en la que queda Ayllón «es complicada» y que el pleno aprobaba denunciar por la vía penal a Ayllón por un delito de prevaricación.

Por su parte, el concejal de IU señaló en este punto “presuntamente se vulneran los procedimientos de concurso abierto y adjudicación, que establece la ley para este tipo de procedimientos, y por la responsabilidad que tenemos de cara ala ciudadanía debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para arrojar la mayor transparencia posible”.