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“Una recibió golpes en la cabeza y la otra fue arrastrada y disparada en la nuca”
Las catas arqueológicas llevadas a cabo en Tocón de Íllora han permitido la localización de una fosa común que ha dejado al descubierto restos óseos de dos mujeres, de lo que la Junta de Andalucía ha dado traslado al juez para que investigue si procede.
El hallazgo, dado hoy a conocer en rueda de prensa por el director general de Memoria Democrática de la Junta, Luis Naranjo, es fruto de los trabajos llevados a cabo en las inmediaciones de la tapia del cementerio de Tocón, que el Ayuntamiento pretende ampliar, y donde se sabía de la posible existencia de una fosa común.
Aunque en un primer momento la búsqueda se centró en uno de los muros de la tapia del cementerio, donde se cree que puede haber una fosa de entre 70 y 100 personas, finalmente los lugareños condujeron a los especialistas a otro lugar cercano en el que se produjo el hallazgo, según ha explicado el arqueólogo Juan Luis Castro.
Escucha al arqueólogo:
Allí fueron localizados restos óseos de dos mujeres, una de entre 18 y 25 años y otra de entre 35 y 45 años que, a falta de un estudio más detallado y de un posterior análisis de ADN si la investigación judicial sigue su curso, podrían pertenecer a dos vecinas de Montefrío que fueron asesinadas en septiembre de 1936.
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En concreto, el cadáver de una de ellas podría pertenecer al de una joven de 22 años acusada de tener material republicano de su novio y a quien un grupo de falangistas sacó supuestamente de su casa y disparó después de que le destrozaran la mandíbula con un fusil al resistirse.
Esta mujer consiguió arrastrarse hasta una cuneta, de donde fue recogida muerta por un familiar que la enterró junto a la otra mujer, que podría ser otra vecina de Montefrío de 42 años que sufrió disparos en la nuca, según se aprecia en los restos óseos hallados.
El hallazgo, que tuvo lugar la semana pasada, ha sido puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción 1 de Loja, como hace la Junta de Andalucía con cada localización de fosas: comunicar los indicios de un asesinato o hecho violento para que se investigue.
El director de Memoria Democrática se ha quejado de la respuesta que suelen obtener ante este tipo de hallazgos de la autoridad judicial, que “se limita a sobreseer la causa y no seguir investigando”.
En su opinión, esto obedece a que los juzgados territoriales se limitan a aplicar la jurisprudencia sustentada en sentencias del Tribunal Supremo (TS), que ha establecido un marco de interpretación de este tipo de hechos distinto al del resto de Europa.
Mientras que en Europa y fuera de Europa “son crímenes contra la humanidad que no han prescrito”, para el TS son crímenes prescritos porque “no asumen el carácter de retroactividad del marco teórico de los crímenes contra la humanidad”, según Naranjo.
El director de Memoria Democrática ha abogado por la formación en la materia de los juzgados territoriales, a quienes a su juicio les viene “un poco largo” estas cuestiones.
Naranjo ha contrapuesto además la actuación de la Junta de Andalucía, que interviene directamente en estos casos, a la del Gobierno central, que “ha cerrado el grifo de las subvenciones para responder a los derechos de las víctimas”.
