El juez de Menores de Granada reclama a los políticos un pacto por el menor

El juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, conocido por sus sentencias educadoras e imaginativas de jóvenes delincuentes, ha pedido a los partidos políticos que aborden la necesidad de alcanzar un gran pacto sobre los menores.

Calatayud, que ha participado este miércoles en el I Foro de la Juventud organizado por la Diputación de Ciudad Real, donde ha impartido una conferencia sobre el futuro de los menores, ha comentado que en estos momentos en los que existen tantos problemas sociales es necesario llegar a un importante acuerdo de Estado sobre este asunto.

El juez ciudadrealeño, en declaraciones a los medios de comunicación, ha considerado necesario “redefinir lo que es un menor y actuar socialmente como tal en consecuencia”.

Para Calatayud, en la actualidad los jueces y la sociedad se enfrentan a situaciones complicadas por el hecho de tener que afrontar los problemas que supone tener en la actualidad “edades muy contradictorias” para abordar cualquier tipo de consideración en torno a los menores.

El magistrado ha señalado que cuando el ordenamiento jurídico habla de persona de menor de edad se está refiriendo a personas menores de 18 años, pero que sin embargo existen edades intermedias que a los jueces les “están volviendo locos” y eso es, ha concluido, “porque el legislador ha perdido el norte y el sentido común”.

En su opinión, se debe abordar de manera rápida las muchas contradicciones que en la actualidad existen con los menores, como por ejemplo, ha subrayado, el hecho que una persona menor de 12 años pueda comprar la pastilla del día después y, sin embargo, no puede consentir relaciones sexuales.

El juez ha puesto infinidad de casos que ponen de manifiesto estas contradicciones, como por ejemplo que “una chica y un chico de 13 años pueden consentir relaciones sexuales, lo cual me parece una auténtica barbaridad, y por el contrario no pueden ser acusados de un delito porque no tienen 14 años”.

Otra de estas contradicciones, ha apuntado, es por ejemplo que “una chica de 16 años puede abortar sin conocimiento y consentimiento de su padre y no puede comprar tabaco”.

Ha recordado que la enseñanza obligatoria se ha establecido hasta los 16 años, pero, en todo caso, los padres no pueden obligar a su hijo si este no quiere.

En este caso, ha significado que resulta aún más curioso que, además, se haya cambiado el código civil, de tal forma que ahora los padres pueden corregir razonable y moderadamente a los hijos y, “sin embargo la Ley nos exige que respondamos por lo que hacen nuestros hijos”.

Para el juez, los responsables políticos deben abordar estos problemas y tomar medidas que corrijan este tipo de situaciones.