El Juzgado de Primera Instancia 12 de Granada reactivará en enero el juicio civil iniciado por los dueños de las 425 viviendas de una urbanización de La Herradura con graves desperfectos contra ocho responsables de su construcción.
Así lo hará después de que las partes no hayan ofrecido ningún acuerdo en las tres semanas de plazo ofrecidas por el tribunal.
Este juzgado suspendió el pasado mes de octubre el juicio previsto contra ocho personas como responsables, en sus diferentes funciones, de la construcción de la urbanización con daños estructurales para ofrecer a las partes tres semanas de negociación.
La urbanización Carmen del Mar se vendió entre los años 2001 y 2005, con diferentes fases y un total de 425 viviendas que la mayoría de sus propietarios compraron sobre plano por precios que rondaron los 100.000 euros y que, tras diferentes corrimientos de tierra, han sufrido diferentes daños.
El juzgado responsable del caso decidió durante las cuestiones previas al juicio ofrecer un plazo de tres semanas para que las partes alcanzaran un acuerdo que frenara el deterioro de las viviendas y subsanara parte de los daños.
El abogado representante de los afectados, Hilario Aranda, ha adelantado a Efe que las partes implicadas no han presentado ninguna propuesta de acuerdo, por lo que el lunes presentará en el juzgado el escrito correspondiente para reactivar el proceso.
Desde la construcción de la promoción, la ladera de Cerro Gordo en la que se ubican las viviendas ha sufrido diferentes corrimientos de tierra que han ocasionado el derrumbe de algunas de las casas, la clausura por riesgo de otras 15 y desperfectos graves en una amplia mayoría de las viviendas.
A estos daños se suman otros desperfectos en los viales, las zonas comunes, el cierre de jardines y la piscina, entre otras instalaciones, por lo que los propietarios interpusieron una demanda civil contra nueve responsables de toda la cadena para su construcción que hoy ha llegado a juicio.
Los afectados retiraron en la primera cita judicial la acusación contra una de las redactoras del proyecto, aunque no contra los ocho demandados restantes, que incidieron en no celebrar el juicio hasta contar con una prueba pericial solicitada por el juzgado.
Los afectados se mostraron dispuestos a alcanzar un acuerdo para evitar que la demora en las actuaciones judiciales provocara la “ruina absoluta” de la promoción de viviendas ante un estudio que alerta del “colapso inminente” de la urbanización con las primeras lluvias.
Los demandantes estarían así dispuestos a no percibir el total de la valoración de los daños pero sí la inversión suficiente para estabilizar la ladera, que un proyecto inicial realizado por un perito y con cifras ya desfasadas valoró en más de 3,7 millones de euros.
En previsión de la falta de un acuerdo, el juzgado de Primera Instancia 12 fijó el pasado mes las sesiones aplazadas para el próximo mes de enero de 2014.
(El vídeo que acompaña esta información ha sido realizado por los mismos vecinos)