La Fiscalía abre diligencias por posibles vertidos de aguas residuales a los canales de riego en Víznar

La Fiscalía de Granada ha abierto de diligencias de investigación penal por la posible comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente después de que un agricultor denunciara vertidos de aguas residuales a las canalizaciones y tuberías del agua de riego en Víznar (Granada).

Según el denunciante, la empresa ‘Aguasvira’ es la que explota las aguas de Víznar y cobra un canon autonómico de depuración cuando realmente no depura las aguas residuales. Asimismo, asegura el agricultor que hace dos mandatos el alcalde del municipio “rechazó en un acuerdo del pleno del Ayuntamiento” la realización de una depuradora de aguas residuales para Víznar, y que el municipio “nunca elaboró canalizaciones exclusivas y separadas” para esas aguas.

Fue el pasado 9 de octubre cuando el Seprona constató que lo denunciado era cierto, y lo puso en conocimiento del Ayuntamiento de Víznar y el organismo de cuenca competente. La Fiscalía cree que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, “sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica”, según consta en el decreto, avanzado este lunes por Onda Cero en Granada.

Además, el Ministerio Público acuerda que se realicen una serie de diligencias, y pide al Seprona que realice de nuevo un informe en el que detalle las actuaciones que en su caso ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Víznar desde el 3 de octubre de este año, fecha en la que se le informó de los vertidos sobre las canalizaciones de riego.

Solicita al alcalde, Luis Antonio Pérez Sánchez (IU), que formule alegaciones en relación a los hechos denunciados, y al secretario del Ayuntamiento que emita un informe concretando si en las actas levantadas en los plenos figura que se haya tratado el asunto relativo a la necesidad de construir una depuradora para filtrar las aguas residuales del municipio así como, en su caso, la decisión adoptada al respecto, según señala la fiscal de medio ambiente en el documento, al que ha tenido acceso Europa Press y de fecha 31 de octubre.