Los vecinos de la urbanización Cármenes del Mar, en Almuñécar, han afirmado este lunes que se sienten “toreados” por los responsables de su construcción, después de que el juicio que iba a comenzar el pasado mes de octubre en el Juzgado de Primera Instancia 12 de Granada fuera aplazado a la espera de que las partes alcanzaran un acuerdo en un plazo de 15 días que posibilitara el arreglo de las viviendas, que sufren un deslizamiento del terreno.
Desde la vista interrumpida, indican en un comunicado que tan solo han tenido un encuentro, el viernes día 25 de octubre, apenas dos días después de la decisión de la juez. Los afectados aseguran que no han vuelto a tener noticias de los que fueron “responsables del desastre” de Cármenes del Mar, pese a que el plazo para alcanzar un acuerdo acabó el pasado jueves 14 de noviembre.
Además, se quejan de que “tampoco las administraciones”, en este caso la Junta de Andalucía y la administración central, “han dado señales de vida por el momento, y ni siquiera han contestado a los requerimientos realizados por los vecinos para mantener un encuentro e intentar alcanzar una solución para sus viviendas”.
“Nos sentimos toreados por todas las partes. Por un lado, los responsables de la construcción de nuestra urbanización, que no parecen estar por la labor de llegar a acuerdo alguno, pese a que se comprometieron a ello delante de la juez. No es la primera vez que nos lo hacen, su voluntad es únicamente dilatar el procedimiento, ni siquiera permitieron que entrara un representante de los vecinos en la ronda de negociaciones. Por otro, las administraciones, que se lavan las manos en este asunto y dejan a más de 400 familias abandonadas al no asumir sus responsabilidades”, explica Ricardo López, portavoz de los vecinos de Cármenes del Mar.
Los propietarios interpusieron una demanda civil contra todos los responsables de la construcción: tanto responsables del estudio geotécnico, como ingenieros, arquitectos y la propia constructora que se encargó de levantar la urbanización, Cerro Gordo S.L., perteneciente al Grupo Comarex. A todos ellos les piden una condena que haga posible la reconstrucción de la urbanización y de las viviendas. Ante la falta de acuerdo, el juicio se reanudará de nuevo el próximo 7 de enero.
“Corremos el peligro de que, para cuando se celebre el juicio y haya una sentencia, nuestras viviendas y el conjunto del barrio sean ya solo ruinas. Y mientras las administraciones habrán mirado para otro lado”, ha insistido López.