Caso ERE: Lo de las basuras de Granada de 2005 trae cola

Dos sindicalistas, presidentes del Comité de Empresa de sus respectivas compañías, han declarado hoy a la juez instructora de los ERE que fueron incluidos en unas ayudas a las que no tenían derecho tras dar a conocer su situación a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta ya imputado.

Cristóbal Martínez Victoria, que fue presidente del Comité de Empresa por CCOO de Azucareras Reunidas de Jaén, se prejubiló en 2006 de dicha empresa y además fue incluido en las ayudas para la limpieza pública de Granada y estuvo percibiendo prestaciones por desempleo, según los hechos que le ha imputado la juez Mercedes Alaya.

El segundo imputado que ha declarado hoy por los ERE irregulares ha sido José Manuel Casado, ex presidente del Comité de Empresa de Asean Brown Bovery (ABB) en Córdoba y hermano de un ex responsable de CCOO en esa provincia, quien ha reconocido que, por su edad, no tenía derecho a ser incluido en el ERE de su empresa.

No obstante, ha explicado a Alaya que en aquellos años de 2002 y 2003 tenía una “situación familiar especial” y Guerrero le dijo que podía incluirlo en el ERE y que eso “era legal porque él era director general de Trabajo y además lo iba a meter en la comisión de seguimiento”, según el texto de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe.

El sindicalista fue despedido en abril de 2004, a partir de ahí cobró unos 1.200 euros al mes por desempleo y también en 2004 empezó a cobrar la renta por las ayudas de la Junta.

Este imputado, sin embargo, ha negado la acusación de Alaya referida a que, como apoderado de la empresa Licassan, simuló “operaciones ficticias” por importe de 89.915 euros con la empresa Lógica Estratégica Empresarial, propiedad del chófer de Guerrero Juan Francisco Trujillo.

Según la juez, ese dinero pudo ser un pago a Guerrero “por haberle favorecido en la póliza del ERE de ABB en condiciones más favorables”.

En cuanto a Martínez Victoria, ha declarado a la juez que cuando se estaba negociando el ERE de Azucareras Reunidas, a él le correspondió el 90 por ciento de su salario y por ello dijo en una reunión con Guerrero “que estaba muy asfixiado con ese recorte dadas sus necesidades personales y que tenía que pagar cuatro pensiones a sus hijos, el alquiler y una hipoteca”.

Según la imputación de la juez, Martínez Victoria fue incluido a continuación en la póliza firmada en 2005 para solucionar el conflicto de la limpieza pública de Granada, que implicaba a las empresas ASELIP, FCC y CESPA, “pese a no haber trabajado nunca para ellas”.

El imputado ha respondido que recibió esa póliza por correo, que no sabe quien se la envió y que se limitó a firmar el certificado individual y a devolver la copia a la dirección que le dijeron, que no recuerda cual era.

En cualquier caso, el trabajador ha aportado copia del reintegro de 32.836 euros que ha devuelto a la Junta, pese a lo cual el fiscal ha pedido para él una fianza de responsabilidad civil de 5.000 euros equivalente al tercio legal de la cantidad percibida, minorada en los intereses ya abonados.