El juez archiva la causa abierta tras el hallazgo de restos óseos en las fosas de Órgiva

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Órgiva ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta tras el hallazgo, el pasado verano, de restos humanos con signos de violencia, concretamente un cráneo con un orificio por probable herida de arma de fuego, en fosas comunes de la posguerra situadas en el antiguo cementerio de la localidad alpujarreña.

El hallazgo se produjo durante las excavaciones llevadas a cabo en la zona a instancias de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, que promovió el comienzo de los trabajos tras la denuncia presentada por Mónica Fernández González, quien puso en su conocimiento la existencia en el antiguo cementerio de una fosa con cinco personas fusiladas el 18 de julio de 1947.

El juzgado abrió diligencias el pasado 2 de julio de este año; tres días más tarde, la Dirección General le trasladó los resultados de una investigación preliminar realizada acerca de las dos fosas comunes encontradas, aportando, entre otros documentos, el análisis antropológico de los restos óseos encontrados, aunque incidiendo en la dificultad de su identificación genética, puesto que no tenían conexión anatómica y pertenecían a distintos individuos.

El Instituto de Medicina Legal de Granada también informó al respecto el 26 de julio, concluyendo que los restos son de una data superior a los 50 años e inferior a los 100, que pertenecen a un varón de entre 33 y 50 años, y que el cráneo encontrado presentaba lesiones por arma de fuego, con orificio de entrada y de salida.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal interesó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, que ahora ordena el Juzgado, que recuerda que, según la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, excluida la posibilidad de juzgar a los autores de los actos cometidos durante la Guerra Civil y la posguerra, el instructor puede llevar a cabo las diligencias necesarias para identificar los restos de las posibles víctimas que, en este caso, no han arrojado resultados concluyentes.

De hecho, señala que la investigación llevada a cabo para concretar la data del cráneo, “único resto óseo” de los encontrados con indicios de muerte violenta, no ha hecho posible encontrar su conexión anatómica con el resto de los huesos, “probablemente porque la fosa fue trasladada de ubicación en los años cincuenta”, según consta en la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Asimismo, para la titular del Juzgado, “resulta bastante gravoso” la identificación genética de los restos, “debido a las condiciones en las que se ha producido el hallazgo”, con lo que todas esas “limitaciones” le llevan a acordar el sobreseimiento, “sin perjuicio de que pudieran reaperturarse” las diligencias “si surgieran nuevos datos”.

OTRO SOBRESEIMIENTO EN VÍZNAR

El archivo de esta causa se produce además después de que otro juzgado, el de Instrucción 2 de Granada, sobreseyera también las diligencias abiertas tras el hallazgo de otros restos óseos encontrados en el barranco de Víznar, entendiendo que los posibles delitos relacionados estarían “prescritos”, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción 1 de Loja ha incoado recientemente diligencias, también a petición de la Dirección General, después de que se hayan encontrado los restos de dos mujeres asesinadas durante la Guerra Civil en una fosa situada en Tocón, una pedanía del municipio de Íllora (Granada).

Durante la presentación en Granada de estos últimos hallazgos, el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, ya se quejó de la falta de respuesta de los juzgados en este asunto, que, según dijo, “se limitan a proceder” al sobreseimiento de las actuaciones, siguiendo la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en cuanto a la prescripción de los posibles delitos, sin atender a que se trata de “crímenes de lesa humanidad”, como se establece en otros países de Europa.

Naranjo abogó en este sentido por la formación para los jueces territoriales, e insistió en que la Junta de Andalucía continuará en su propósito de lograr “verdad, justicia y reparación” para las víctimas, frente a la política que en este asunto desarrolla el Gobierno de España, que ha “cerrado el grifo de las subvenciones”.